La Comisión de Transportación e Infraestructura, presidida por el representante José “Cheo” Hernández Concepción, inició el análisis de un paquete de medidas dirigidas a regular el uso de espacios adyacentes a carreteras por parte de comerciantes ambulantes.
Asimismo, tienen la intención de decretar una moratoria en los desalojos y multas, que fueron determinados por el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) el pasado mes de mayo, lo que causó una oleada de protestas entre los comerciantes ubicados a las orillas de las vías.
El secretario del DTOP, Edwin González Montalvo, advirtió sobre los riesgos que la ubicación de negocios en las vías puede representar para la seguridad vial, aunque reconoció la necesidad de crear un balance entre proteger la actividad comercial de este tipo de negocios y garantizar la seguridad de los comerciantes, peatones y conductores. Indicó también que según un informe emitido por la Comisión de Seguridad en el Tránsito, se han registrado desde el 2019 hasta el 2026, 359 choques contra este tipo de negocios, de los cuales 62 fueron contra el puesto, el vendedor o los clientes.
El funcionario recomendó ordenar a los municipios, antes de expedir un permiso a un comerciante ambulante, consultar con el DTOP y señaló que la agencia revisa el Reglamento 6172 en coordinación con la Autoridad de Carreteras y Transportación y los municipios.
Mientras, el Lcdo. Ricardo Rolón Morales, asesor legal de la Federación de Alcaldes, endosó la propuesta de establecer criterios uniformes que reduzcan los conflictos de jurisdicción entre el Gobierno Estatal y los municipios.
Por su parte, el agricultor José “Pellito” Santiago expresó que los accidentes ocurridos son consecuencia de las condiciones deterioradas de las carreteras y la falta de mantenimiento del DTOP.
Santiago, quien lideró el mes pasado una caminata de dos semanas en defensa de los vendedores ambulantes, solicitó nuevamente la intervención de la Legislatura para garantizar la permanencia de estos comerciantes en las vías públicas a través de cambios al Reglamento 6172 y a la Ley 22-2000 de Vehículos y Tránsito.
“Nos quieren achacar choques de los que nosotros no tenemos culpa. Ahora mismo, al frente de mi negocio, hay un chichón de asfalto y yo fui el que derramó allí 12 sacos de asfalto para que se pudiera tapar el boquete que había. No fue el DTOP”, manifestó Santiago, quien opera hace siete años un quiosco ambulante en la carretera PR-7722, en Cayey.
El deponente destacó que la mayoría de los vendedores ambulantes en Puerto Rico son adultos mayores que venden sus productos agrícolas en busca de un apoyo financiero, ante la amenaza de recortes a sus pensiones y el impacto de la inflación en la estabilidad económica de muchos puertorriqueños.
A sus expresiones se unió el agricultor Juan Gabriel López, quien aseguró que alrededor de 15,000 vendedores ambulantes alrededor de la Isla podrían verse afectados por las medidas de desalojo del DTOP.
“Me parece que los hoyos de las carreteras, el alumbrado que no existe en nuestras carreteras… son mucho más peligrosos y causan mucho más daño que estos comerciantes que se buscan el pesito en las carreteras día a día”, manifestó López.
El representante Hernández Concepción adelantó que estará convocando una segunda vista pública y una mesa de trabajo con el propósito de llegar a consensos sobre las modificaciones que se propondrán en el nuevo proyecto de ley.
