Por: Aracelys Otero Torres / Relacionista Lic R 53
La confianza de los puertorriqueños en sus líderes al igual que en las instituciones atraviesa uno de los momentos más críticos en la historia del país. La mayoría de los ciudadanos desconfían de aquellos que laboran en el gobierno, independientemente, de sus afiliaciones políticas o la agencia que representan. Si hacemos una cronología de lo vivido durante este cuatrienio, llegan a nuestra mente escenas en las que altos funcionarios fueron vinculados con actos de corrupción. Recordamos engaños, mentiras y la burla ante el dolor del más necesitado. En mi opinión, ejemplos de insensibilidad en su máxima expresión por parte del gobierno de turno.
El gobierno de Puerto Rico tocó fondo cuando en el verano del 19 renunció, por primera vez en nuestra historia, un gobernador. Las manifestaciones masivas ocurridas le recordaron al pueblo que el poder está en sus manos. Cuando pensamos en las instituciones gubernamentales medulares, encontramos un elemento común, actos de corrupción y el mal manejo de fondos públicos. Repasemos algunos.
El Departamento de Educación tuvo una secretaria contratada por servicios profesionales que devengó un salario oneroso, quien fue acusada por corrupción. Un presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, que tuvo que renunciar a su cargo por vínculos con la política partidista, un Departamento de Hacienda con una supuesta “mafia institucional”. Un Departamento de Salud, que en medio de la pandemia, decidió comprar pruebas para detectar el Covid a empresas vinculadas a la política del gobierno de turno, sin ninguna experiencia en el sector salubrista. En el Negociado de Seguridad Pública hubo problemas con los “Rape Kits” y con cadáveres almacenados en Ciencias Forenses, mientras familiares esperaban meses para poder dar sepultura a sus seres queridos.
En resumen, la educación, la salud, la seguridad y los procesos eleccionarios, todos fueron vinculados con actos ilegales. A esto se suman investigaciones a jefes, secretarios de agencia y la gobernadora, Wanda Vázquez. ¿Cómo podemos esperar que los ciudadanos confíen en sus líderes y en las agencias si durante este cuatrienio las investigaciones, los actos de corrupción y la política partidista fueron la orden del día?
Estoy convencida que el gobierno que sea electo para dirigir el país los próximos cuatro años, tendrá grandes retos que enfrentar en el área económica como en la salud fiscal gubernamental. Sin embargo, el mayor reto será que los ciudadanos vuelvan a confiar en el gobierno. Éste es el responsable de velar por la seguridad, de atender las necesidades del pueblo y de desarrollar políticas públicas que garanticen el bienestar de la nación.
La base en la ejecución del nuevo gobierno debe ser la sana administración y la transparencia en los procesos gubernamentales. Tienen que demostrar que la razón principal de sus ejecutorias guarda armonía entre sus palabras y acciones. El nuevo gobierno debe demostrar que no tolerará la corrupción. Que los actos ilegales tendrán consecuencias y que aquel que haga algo indebido no quedará impune.
Cuando los ciudadanos se empoderen de los procesos, tengan participación activa en la toma de decisiones y vean que el gobierno ejerce su función de servirle al país, entonces los líderes del país podrán decir que lograron el objetivo: devolverle la confianza al pueblo en el gobierno.
