El secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles, declaró ante la Cámara de Representantes que la delimitación de la zona marítimo-terrestre contemplada en el Proyecto de la Cámara 1213, que busca reformar el sistema de permisos, fortalece la uniformidad y otorga certeza jurídica sobre los procesos de deslinde.
En la continuación de vistas públicas para atender la propuesta legislativa del Ejecutivo, el titular del DRNA aseguró que este enfoque se adelantará mediante “parámetros técnicos claros y verificables”, al igual que el uso de herramientas cartográficas como la Delimitación Oficial Base (DOB).
“En cuanto a la determinación de la zona marítimo-terrestre, básicamente, no cambia en nada. Lo que da es la certidumbre de que nadie pueda dudar de dónde es que está esa línea demarcada. Y, en ningún momento, que quede claro para el récord, las playas no se van a privatizar, ni se le van a quitar a nadie, porque no se le pueden quitar a nadie”, pronunció Quiles.
El jefe del DRNA sostuvo que, a su juicio, esta nueva delimitación impulsará una evaluación de permisos más ágil y reducirá la incertidumbre sobre la zona marítimo-terrestre “que históricamente ha afectado estos procesos”, pero sin menoscabar la protección de los bienes de dominio público.
“Si alguien quiere poner una verja, tiene que dejar un paso abierto, sin candado y sin mucho menos, para que la gente pueda acceder a la playa”, reiteró Quiles. “Eso no cambia (en el proyecto de ley), y eso no es motivo alguno de discusión razonable”, agregó.
Según indicó, la definición de zona marítimo-terrestre incluida tanto en el Proyecto de la Cámara 1213, como en el Proyecto de la Cámara 25, está sustentada en datos recopilados por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés).
Quiles explicó que, de acuerdo con la agencia federal, esta zona se establece como el espacio de las costas donde ocurre el flujo y reflujo de la marea, y hasta donde alcanzan las olas en el temporal mayor.
“La definición que establece el Proyecto de la Cámara 25, y que está contenida aquí, en términos de utilizar el mapa científico de la NOAA, no le quita derechos a nadie, pero establece con certeza lo que debe ser una zona de salvamento, una zona donde está la vegetación”, dijo, por su parte, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
Sobre el impacto de la marejada ciclónica, Quiles opinó que “tenemos que pensar en la libertad del individuo” dueño de un terreno en la franja de servidumbre. “Ciertamente, donde estaría esta servidumbre tiene unas limitaciones, pero si nos ponemos a llevar al temporal más alto, que a lo mejor se mete 60 metros más adentro; o un tsunami, que puede llegar hasta la PR-2, en Añasco… entonces nadie podría hacer nada”, comentó.
Para el secretario, esta demarcación podría usurpar el derecho de estos ciudadanos de hacer uso y disfrute de su propiedad privada. “El que quiera comprar un terreno ahí, y quiera hacer un sitio donde sabe que algún día va a llegar un tsunami, esa es su prerrogativa”, comentó.
Mientras tanto, el funcionario aseguró que el DRNA conservará su función de fiscalización sobre los bienes que forman parte de la zona marítimo-terrestre y que la transferencia a la nueva Oficina Central de Permisos (OCP), adscrita al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), se limitará a la otorgación de permisos.
Quiles también instó a enmendar la medida para añadir herramientas de fiscalización sobre la figura del profesional o inspector autorizado, así como incluir sanaciones por violaciones a leyes o reglamentos ambientales.
ICP endosa reforma
Por otra parte, la directora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Melissa Santana, respaldó la legislación tras puntualizar que el modelo propuesto integra la evaluación arqueológica dentro del proceso de permisos y “permite considerar estos factores desde etapas tempranas”.
“Esto facilita la identificación de posibles impactos y la incorporación de medidas de mitigación dentro de un mismo trámite”, afirmó Santana, mientras opinó que la reforma contribuirá a un proceso más eficiente sin debilitar la protección del patrimonio cultural.
De igual manera, la titular expresó que la medida armonizará la planificación territorial, el desarrollo socioeconómico y la conservación del patrimonio dentro de un mismo proceso administrativo.
Santana subrayó, a preguntas del representante Denis Márquez Lebrón, que el ICP mantendrá su rol de asesoramiento sobre la declaración de impacto arqueológico, así como su facultad de fiscalizar actividades que afecten el patrimonio.
Sin embargo, la legislación fue rechazada por el Colegio de Arquitectos y Arquitectos Paisajistas, cuya presidenta Olga Angueira expresó que pondría todos los ejercicios de planificación bajo la aprobación del secretario del DDEC.
Para la arquitecta, la reforma propuesta introduce riesgos significativos para la planificación integral, la gestión ambiental y el desarrollo sostenible de Puerto Rico.
“Enfatizamos que los procesos de evaluación y otorgación de permisos deben regirse por una visión integral del desarrollo, donde criterios como la salud pública, la equidad social, la protección ambiental, la cultura, la sostenibilidad y la resiliencia ocupen un lugar prioritario”, manifestó Angueira.
Mientras tanto, el Colegio de Contadores Públicos Autorizados favoreció la intención de la medida, pero emitió múltiples recomendaciones para mejorarla durante el trámite legislativo.
