La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen A. Vega Fournier, publicó hoy un informe de auditoría del Municipio de San Sebastián. El informe contiene las operaciones relacionadas con los procesos de compras y desembolsos. Además, analizó la otorgación, entrega e instalación de cisternas con sistemas de bombeo para familias que enfrentan problemas en el servicio de agua potable.
Las pruebas realizadas por los auditores reflejaron una opinión favorable, al concluir que las operaciones examinadas se realizaron, en todos los aspectos significativos, de acuerdo con la ley y la reglamentación aplicable. No obstante, el informe incluye tres comentarios especiales relacionados con asuntos administrativos que requieren atención para fortalecer los controles internos y el cumplimiento de las disposiciones legales que requiera pronta atención, pero no compromete los fondos públicos.
Entre los comentarios especiales, el informe destaca la recurrencia de retrasos en la entrega de los informes mensuales de nómina y del Registro de Puestos a la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR). La auditoría señala que estas tardanzas limitaron que la OCPR, el Gobierno y la ciudadanía contaran oportunamente con información actualizada sobre las operaciones del Municipio, afectando la transparencia y el acceso a la información pública.
Además, el informe indica que el Municipio no contaba con un administrador de documentos públicos oficialmente aceptado por el Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP) durante los años fiscales evaluados. Esta situación ocasionó que no se remitieran oportunamente el inventario, el plan de retención ni las listas de disposición de documentos públicos requeridas por ley, lo que debilita el control sobre la administración y conservación de los documentos oficiales.
El informe también menciona multas impuestas por la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico a una exfuncionaria y a una exempleada municipal. En un caso, una exdirectora del Programa Head Start aceptó su responsabilidad por el manejo indebido de propiedad municipal y recibió una multa administrativa de $3,000. En otro, una exempleada municipal fue multada con $1,000 por una violación a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental relacionadas con la contratación de exservidores públicos.
La auditoría recoge, además, las explicaciones ofrecidas por la administración municipal. En cuanto a los informes de nómina y puestos, el Municipio sostuvo que la mayoría de las tardanzas correspondieron a la administración anterior y destacó que la actual administración implantó medidas correctivas para fortalecer la coordinación entre dependencias y lograr que los informes posteriores fueran remitidos dentro de los términos establecidos. Respecto a la administración de documentos públicos, el Municipio indicó que, tras la notificación de la OCPR, iniciaron las gestiones necesarias para formalizar la designación del administrador de documentos públicos conforme a los requisitos del ICP.
El informe contiene recomendaciones dirigidas al alcalde y a la Oficina de Gerencia y Presupuesto para asegurar el cumplimiento oportuno con el envío de los informes mensuales requeridos, ofrecer adiestramientos al personal responsable, fortalecer los controles administrativos y garantizar que el Municipio cuente con un administrador de documentos públicos oficialmente designado, de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables.
«La transparencia y la sana administración pública requieren que las entidades gubernamentales cumplan oportunamente con sus obligaciones legales y mantengan controles administrativos efectivos. Atender estas recomendaciones fortalece la rendición de cuentas y contribuye a preservar la confianza de la ciudadanía en sus instituciones», expresó la Contralora.
El Informe de Auditoría OC-27-08 está disponible en www.ocpr.gov.pr.
