La Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) emitió una opinión cualificada de las operaciones fiscales del Departamento de Seguridad Pública. Una opinión cualificada se emite cuando los incumplimientos individuales o en conjunto son significativos, pero no generalizados.
El Informe revela que el Departamento de Seguridad Pública no designó a los funcionarios que conformarían la Junta de Evaluación Médica, establecida por la Ley 20-2017, creadora del Departamento. Esta Junta tiene como responsabilidad recomendar las solicitudes de retiro por incapacidad física, determinar aptitud y condición física de los candidatos a policías, bomberos y técnicos de emergencias, así como a dar consejería por situaciones que afecten la estabilidad emocional de los empleados.
En su lugar, el Departamento contrató una empresa por $454 mil para prestar estos servicios a un máximo de 500 empleados, y actuar como si fuera la Junta, del 21 de mayo al 31 de diciembre del 2024. Por esta situación el Departamento no contó con la información necesaria para determinar aptitud, condición física y mental de los candidatos y empleados que requieren las diversas funciones de los negociados.
La auditoría de dos hallazgos señala que el Departamento de Seguridad Pública, tampoco estableció el Comité Ejecutivo de Seguridad adscrito a la Oficina del Gobernador, para trabajar la integración plena del Departamento y sus negociados. Los auditores identificaron que del 20 de diciembre de 2019 al 8 de febrero del 2022 no se estableció el Comité, no prepararon 23 de los 26 informes de progreso que debían presentar cada 60 días al gobernador y a la Asamblea Legislativa, y los tres informes preparados no se remitieron a la Oficina del Gobernador.
Por otro lado, los funcionarios encargados de la propiedad no realizaron un inventario físico al cese de funciones del encargado el 27 de junio de 2022, no habían establecido un registro sobre casos de pérdidas e irregularidades, ni habían emitido el recibo de propiedad en uso para propiedad valorada en $636 mil. Estas deficiencias impiden validar con certeza que la información y los procesos sean los correctos, y que, de hallarse una irregularidad, se puede detectar a tiempo.
El presupuesto del Departamento de Seguridad Pública fue de $82.5 millones del 2022 al 2024, y realizó desembolsos por $68.6 millones.
El Departamento de Seguridad Pública se compone de los siguientes negociados: Cuerpo de Bomberos, Cuerpo de Emergencias Médicas, Investigaciones Especiales, Policía de Puerto Rico, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, y Sistema de Emergencias 911.
La auditoría cubre el periodo del 1 de noviembre de 2017 al 31 de diciembre de 2023, y está disponible en www.ocpr.gov.pr.
