La Contralora de Puerto Rico, CPA y Lcda. Carmen Vega Fournier, informó hoy los resultados de la Investigación OC-26-46 sobre irregularidades relacionadas con el manejo de fondos destinados a los Centros de Apoyo Sustentable al Alumno, conocidos como Proyecto C.A.S.A., del Departamento de Educación. El informe examinó operaciones realizadas entre el 1 de mayo de 2019 y el 30 de septiembre de 2023.
La investigación surgió de una querella sobre alegadas irregularidades en el manejo de fondos públicos por parte de Profesional Career Training Corp., entidad que operaba centros del Proyecto C.A.S.A. en Cidra y Peñuelas. Entre el 22 de agosto de 2019 y el 30 de junio de 2023, el Departamento de Educación formalizó con la corporación cuatro acuerdos colaborativos y dos enmiendas por $2,587,677. Entre el 20 de noviembre de 2019 y el 18 de agosto de 2023, el Departamento pagó $2,349,380 a dicha entidad.
El informe señala que la Oficina de la Contralora de Puerto Rico (OCPR) obtuvo información bancaria mediante orden judicial e identificó transacciones que involucran fondos destinados al Proyecto C.A.S.A. Según la investigación, entre el 1 de enero de 2020 y el 29 de septiembre de 2023, el director ejecutivo de la corporación utilizó $57,632 mediante transferencias electrónicas a sus cuentas personales y retiros en efectivo. Además, giró cheques a su favor por la cantidad de $172,088 que no guardaban relación con las informativas sometidas al Departamento de Hacienda por la corporación.
La OCPR concluyó que los fondos destinados al Proyecto C.A.S.A. fueron utilizados de manera contraria a lo establecido en el contrato, los reglamentos y las leyes aplicables. El informe indica que las actuaciones examinadas pudieron haber configurado violaciones a la Ley 1-2011, conocida como Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011.
El documento no contiene una sección formal de comentarios de la gerencia ni una respuesta escrita del Departamento de Educación, de Profesional Career Training Corp. o del director ejecutivo sobre el hallazgo. No obstante, como parte de la investigación, funcionarios del Departamento indicaron que para el año fiscal 2023-24 no se renovó el contrato de la corporación debido a deficiencias administrativas e irregularidades en la información contable.
Como resultado, la OCPR emitió referidos a la secretaria de Justicia, al secretario de Educación y al secretario de Hacienda para que evalúen los hechos y tomen las medidas que estimen pertinentes. Los referidos fueron identificados como RDIE-1201-5498-26-51, RDIE-1201-5498-26-50 y RDIE-1201-5498-26-52, respectivamente, todos remitidos el 13 de abril de 2026.
La Contralora exhortó «al personal del Departamento de Educación a fortalecer los controles sobre el uso de fondos públicos y a promover una administración efectiva, económica, eficiente y ética de los recursos del Gobierno en beneficio del pueblo de Puerto Rico».
