La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, presidida por el senador Héctor “Gaby” González López, celebró hoy una vista pública para atender el Proyecto del Senado 744 (P. del S. 744), de la autoría del senador Eliezer Molina.
El proyecto busca establecer penalidades para las plantas de concreto que suministren material a obras sin los permisos requeridos, como una medida para combatir la proliferación de construcciones informales.
El senador González López afirmó que la Comisión está comprometida con el fin loable de la medida, que es proteger el ambiente, la seguridad y los ciudadanos, y combatir la construcción sin los debidos permisos.
Las agencias gubernamentales, gremios profesionales y organizaciones de la industria de la construcción no se opusieron al objetivo de la legislación, sino que identificaron retos de viabilidad. Entre estos retos se señaló la objeción a que se delegue la función de fiscalización y auditoría del proceso de permisos, la cual recae en el Estado (Junta de Planificación, OGPe, DRNA y municipios), a empresas privadas productoras de concreto, argumentando que esto representa una desviación de la política pública.
Además, se destacó que las plantas de concreto carecen de la autoridad legal, los recursos o los medios para auditar o validar la legalidad y vigencia de los permisos emitidos por la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) o los municipios, haciendo el régimen de penalidades propuesto injusto e inoperante.
Por su parte, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la OGPe expresaron que el proyecto impone nuevas funciones que son ajenas a sus deberes y competencias, como la auditoría de ventas condicionadas de productos comerciales, lo cual conlleva un gasto extraordinario en exceso de su presupuesto, sin contar con los recursos humanos, tecnológicos y financieros necesarios para tal labor.
Asimismo, los representantes de la industria de la construcción advirtieron sobre el potencial de un impacto económico negativo, el aumento de los costos operacionales y la creación de una burocracia paralela que podría retrasar la reconstrucción y la inversión en la Isla.
“El objetivo de erradicar la construcción informal es una prioridad ineludible. Reconocemos el fin que persigue el P. del S. 744 y ahora nuestro enfoque es colaborar con el sector público y privado para mejorar la medida legislativa en consenso y con un mismo fin de acabar las construcciones sin los debidos permisos, según dispuesto en las leyes y reglamentos vigentes”, manifestó el senador.
El senador González López concluyó la vista indicando que la Comisión analizará rigurosamente todos los memoriales y comentarios vertidos y que próximamente, estará citando una reunión ejecutiva donde se invitará a la Asociación Puertorriqueña del Concreto (APC) y otras entidades para buscar alternativas donde el sector privado y el gobierno puedan de la mano asumir el rol fiscalizador con el fin de acabar con las construcciones informales.
