La Cámara de Representantes inició los trabajos de la cuarta sesión ordinaria, con la aprobación de legislación que enmienda tanto la “Ley de Alerta Mayra Elías contra el Hit and Run”, como la “Ley de la Policía de Puerto Rico, para uniformar este plan de alerta e incluir disposiciones específicas de cumplimiento para su activación cuando ocurra un accidente de esta naturaleza.
Se trata del Proyecto de la Cámara 897, por petición de la estudiante Angedimarlis Nieves Marcano y radicado por el representante Ramón Torres Cruz, que establece un periodo no mayor de 30 minutos desde el suceso y así se convaliden los criterios de información disponible sobre el vehículo que causó el accidente para activar el mecanismo.
Otra de las enmiendas es que dentro del Comité Interagencial- responsable de la aplicación de esta ley- se incluye a los municipios, el Departamento de Transportación y Obras Públicas, el Departamento de Justicia, la “Puerto Rico Innovation & Technology Service”, el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, el Negociado del Cuerpo de Emergencias Médicas, el Instituto de Ciencias Forenses, la Comisión para la Seguridad en el Tránsito, así como entidades comunitarias, profesionales y la academia para la puesta en práctica de esta ley.
También dispone, la integración de tecnología y mecanismos de identificación de la escena del accidente, en particular el sistema de lectores automáticos de tablillas, así como de reconocimiento facial, a los fines del cumplimiento de este plan.
Durante su turno, el representante Torres Cruz destacó que la estudiante Nieves Marcano fue asignada por la Oficina de Servicios Legislativos para laborar en su oficina, al mismo tiempo dijo “espero que todos los compañeros voten a favor, porque es un proyecto necesario, que nace de una estudiante que estudia justicia criminal”.
El legislador subrayó la necesidad de que pueda identificarse a los que atropellan a un peatón y se dan a la huida sin responsabilizarse por sus actos. Esta medida obtuvo 48 votos a favor, tres en contra y uno abstenido.
Mientras, el representante Denis Márquez Lebrón mostró preocupación por la iniciativa, al señalar que el uso de tecnología de identificación facial y de tablillas pondría en peligro los derechos humanos de las personas y sus garantías constitucionales a la intimidad.
Aunque reconoció que la pieza legislativa, como fue radicada, contaba con el respaldo de su delegación, “no obstante, la comisión le añadió unos asuntos que nos traen preocupación porque hemos estado trabajando y vamos a presentar legislación sobre el tema” de la posible violación a los derechos civiles con este tipo de tecnología.
Márquez Lebrón agregó que estos mecanismos podrían presentar problemas “por lo que significa eso en la invasión a la privacidad por lo que ha significado, no como algo teórico, sino en múltiples casos en Estados Unidos que ha habido problemas con arrestos ilegales, con persecución con el uso indebido de esta información porque empresas privadas que administran estos sistemas”.
Del mismo modo, se le dio paso al Proyecto de la Cámara 999, de la representante Tatiana Pérez Ramírez, para enmendar la “Ley de la Junta Examinadora de Técnicos de Emergencias Médicas” con el propósito de armonizar los requisitos de licenciamiento y aprobación de reválida para los técnicos de emergencias médicas con los estándares nacionales.
La pieza busca eliminar la obligatoriedad de la licencia de transporte para los paramédicos, aunque estos no conduzcan las unidades, así como otras certificaciones adicionales que no son requeridas en los estados continentales, lo que limita el acceso a la profesión.
Estos cambios garantizan “estándares de calidad justos, accesibles y alineados con el “National Registry of Emergency Medical Technicians” , lo que promueve así la entrada de más profesionales competentes al sistema y fortaleciendo la capacidad de respuesta de Puerto Rico en situaciones de emergencia”, reza en la exposición de motivos de la medida.
La autora de esta medida enfatizó que “Puerto Rico necesita más técnicos de emergencias médicas preparados y disponibles para servir”, porque cuando es necesaria la intervención de estos profesionales, “cada minuto cuenta”.
Pérez Ramírez sostuvo que la ley actual, dispone de requisitos “que, aunque pudieran tener una buena intención, han terminado creando barreras innecesarias para personas que estudiaron, se prepararon y que quieren ejercer esta profesión”.
Asimismo, fue ratificado el Proyecto del Senado 692, que tiene como objetivo extender el derecho de cada mujer de recibir acompañamiento en toda evaluación de emergencias relacionada con el embarazo, independientemente si ha comenzado el proceso de parto. De igual forma, ordena al Departamento de Salud establecer un protocolo uniforme sobre el tema.
La medida, enmienda la “Ley de Acompañamiento durante el Trabajo de Parto, Nacimiento y Postparto” (Ley 156-2006) de modo que las mujeres que acuden a una sala de emergencia por complicaciones o molestias en torno a su proceso de gestación no se queden a solas en el área de observación obstétrica, lo que garantiza “un trato digno, empático y respetuoso con la salud emocional y física de la mujer gestante”.
A renglón seguido, fue avalado el Proyecto del Senado 997, que pretende uniformar la “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista”, a los fines de homogeneizar la terminología de la ley, atemperándolas a las definiciones del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5).
También dispone para la acreditación de los Centros de Autismo y de los proveedores que trabajan con esta población por parte de los planes médicos comerciales y el Plan de Salud del Gobierno. La pieza del cuerpo hermano establece mecanismos de seguimiento y fiscalización del cumplimiento de esta ley.
Más adelante se le dio el visto bueno al Proyecto del Senado 707 para armonizar la “Ley del Registro del Registro de Propiedad Inmobiliaria” (Ley 210-2015) con lo establecido en el “Código Civil de Puerto Rico” del 2020. Esto para que se remuevan las referencias al anterior código del 1930 y se incluyan las versiones adoptadas por el estatuto vigente.
Por otro lado, se le dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 336, del representante Joe “Joito” Colón Rodríguez, que dispone para la designación del cuartel del precinto 373 de la Policía de Puerto Rico ubicado en el Barrio Mameyes del municipio de Utuado con el nombre de Rafael E. Santiago Ocasio, en reconocimiento a su “extraordinaria labor” como miembro de la Uniformada y en la comunidad.
Mientras, fue refrendada la Resolución de la Cámara 557, de la representante Elinette González Aguayo, que da paso a una investigación sobre los proyectos, evaluaciones y acciones ejecutadas y en curso por parte de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados dirigidas a atender las interrupciones, bajas presiones e intermitencia que afectan a los residentes de varias comunidades del municipio de Dorado.
Durante los trabajos fueron consideradas las Resoluciones de la Cámara 605, 674, 706 y 734, para extender el término de tiempo para rendir el correspondiente informe final en torno a las investigaciones ordenadas mediante estas piezas.
Además, se avalaron mociones de condolencia por el fallecimiento del exalcalde de Luquillo, José “Nelo” Gónzalez, así como por la pérdida del alcalde de Cataño Julio Alicea Vasallo y el exboxeador Prichard Colón, mientras que el representante José “Conny” Varela presentó una moción de felicitación a la delegación que participó en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se llevó a cabo en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
La Cámara de Representantes recesó los trabajos legislativos de la cuarta Sesión Ordinaria hasta el próximo jueves, 20 de agosto de 2026 a las 11:00 a.m.
