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La Comisión de Educación, presidida por la representante Tatiana Pérez Ramírez, inició hoy el proceso de vistas públicas para atender una medida que busca agrupar en la Reforma Educativa de Puerto Rico (Ley 85-2018) la política pública relacionada y así erradicar el problema de obesidad infantil en las escuelas públicas.
El representante Ángel Morey Noble, autor del Proyecto de la Cámara 148, afirmó en la exposición de motivos que Puerto Rico es una jurisdicción altamente legislada, lo que tiene “resultados perjudiciales para la administración pública” y complica el cumplimiento de los ordenamientos.
Por tal razón, la pieza legislativa propone eliminar la Ley 235-2008, mediante la cual se creó el Protocolo Uniforme de Atención para el Niño Obeso, y la Ley 26-2012, que estableció el Consejo Asesor de la Salud Escolar y Control de Obesidad, por considerar que persiguen propósitos similares.
“Tenemos dos leyes que prácticamente dicen lo mismo, y después la implementación es compleja. Son redundantes. Lo que queremos es derogar estas dos leyes para que se implementen unos estándares específicos dentro del marco de la Ley 85 y erradicar la obesidad en nuestros niños”, expresó la representante Pérez Ramírez.
La propuesta legislativa recibió el respaldo de diversas agencias gubernamentales y la Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) durante la audiencia pública. En una ponencia, el secretario del Departamento de Educación (DE), Eliezer Ramos Parés, señaló que la derogación de los estatutos tendría varios impactos positivos en el sistema educativo.
Ramos Parés mencionó a modo de ejemplo que fomentaría una política pública “más coherente y unificada” tanto en la educación física, como en la salud de los estudiantes. También opinó que habría oportunidad de fortalecer las estrategias para atajar la obesidad infantil y un mejor sistema de monitoreo de casos.
Mientras, el secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Héctor Vázquez Muñiz, consideró crucial la colaboración interagencial con Salud y Educación. El titular sugirió en un memorial explicativo la necesidad de implementar un programa de recolección de datos sobre el peso, estatura y el índice de masa corporal (IMC) de los estudiantes.
Además, Vázquez Muñiz destacó la necesidad de evaluar los currículos y cartas circulares respecto a la actividad física en las escuelas con el fin de aumentar la participación de los estudiantes.
A preguntas de los legisladores, el gerente de operaciones del Programa de Educación Física en el DE, Félix González, aseguró que esta materia continúa obligatoria en el nivel elemental y que, como parte del plan estratégico, pretende incorporar la evaluación de cada alumno en el expediente de enfermería.
La representante Odalys González González advirtió que es imperativo otorgar fondos al DE para contratar más personal de enfermería que monitoree los casos de estudiantes con obesidad. La supervisora del Programa de Enfermería Escolar, Evelyn Rivera García, detalló que la agencia cuenta con 878 enfermeras y enfermeros para un total de 856 planteles en la Isla, incluyendo las escuelas alianzas.
Solo en las escuelas donde la matrícula sobrepasa 745 alumnos se asignan dos enfermeras o enfermeros, explicó.
“Entendemos que es muy complicado. Quizás, de momento, tomar el índice de masa corporal se puede hacer, pero luego (es complejo) darle el seguimiento que amerita. Sé que no es fácil hablar de cómo conseguimos fondos, pero esas enfermeras son vitales”, manifestó la legisladora.
La presidenta de la APPR, Yesenia Delgado, recomendó como parte de las medidas de monitoreo que se combinen indicadores tradicionales -como la prevalencia de obesidad infantil o el cumplimiento de horas de actividad física- con mediciones de salud mental. Entre estas, detalló la autoestima, la percepción corporal, la reducción de experiencias de “bullying” relacionadas con el peso y las destrezas sociales ante la diversidad corporal.
A su vez, aconsejó la priorización de herramientas tecnológicas que permita a los estudiantes tener una mejor nutrición en las escuelas, como aplicaciones digitales para registrar hábitos alimenticios o plataformas que permitan a familias compartir recetas saludables adaptadas a su contexto sociocultural.
“La obesidad infantil no se combate con normas técnicas, sino con políticas que reconozcan su complejidad sistémica y pongan el bienestar integral de la niñez -en cuerpo, mente y comunidad- por encima de interés burocráticos”, sostuvo la psicóloga.
Por su parte, el secretario del Departamento de Salud (DS), Víctor Ramos Otero, avaló el proyecto con la sugerencia de que permanezca la operación de la Comisión de Alimentación y Nutrición de Puerto Rico. El doctor aseguró que se encuentra en el proceso de solicitar fondos para que el organismo asesor tenga los recursos disponibles durante el próximo año fiscal.
“Queremos que la Comisión se integre al proceso. Entendemos que hace un trabajo importante, y tenemos que fortalecer el trabajo que está haciendo”, dijo Ramos Otero.
