La Cámara de Representantes aprobó este jueves con 43 votos una medida que, de convertirse en ley, establecería una nueva clase de emancipación por paternidad o maternidad a menores de edad que hayan cumplido 18 años y capacitaría que ciertos adolescentes reconozcan a sus hijos en el Registro Demográfico.
El Proyecto de la Cámara 1251 recibió un informe positivo de la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social luego de introducir varias enmiendas que armonizan sus disposiciones con el Código Civil de Puerto Rico y requieren la concesión judicial para autorizar la emancipación.
La legislación fue presentada por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, a petición de la organización Proyecto Nacer. La entidad explicó en vista pública que la medida surge de las necesidades identificadas durante más de dos décadas de trabajo con adolescentes y jóvenes que asumen responsabilidades parentales antes de alcanzar la mayoría de edad.
“La evidencia recibida demuestra que padres y madres jóvenes enfrentan obstáculos prácticos y jurídicos al momento de ejercer responsabilidades relacionadas con la crianza, protección y representación de sus hijos, particularmente en asuntos relacionados con el acceso a servicios y la inscripción oportuna de nacimientos”, destacó el representante Ricardo Ocasio Ramos, presidente de la comisión legislativa.
Como parte de su ponencia, Proyecto Nacer describió diversas situaciones enfrentadas por los participantes de sus programas, como dificultades para permanecer junto a sus hijos durante hospitalizaciones, acceder a ayudas gubernamentales, gestionar servicios de salud, obtener empleo y realizar la inscripción de sus hijos.
La organización también expuso que estas limitaciones se deben a que los padres y madres jóvenes continúan sujetos a las restricciones asociadas a la minoridad de edad, aun cuando ya ejercen responsabilidades parentales sobre sus propios hijos.
No obstante, la medida dispone que la nueva modalidad de emancipación deberá estar acompañada de mecanismos que permitan garantizar que el padre o la madre solicitante comprende la naturaleza y alcance de las responsabilidades que asumirá. Por tal razón, la determinación no operará de manera automática y deberá ser expedida por un tribunal bajo las estructuras procesales ya reconocidas en el ordenamiento jurídico.
La legislación recibió el voto en contra de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP).
Derrotan proyecto de “calendario deportivo único”
Con la oposición de 26 representantes, la Cámara derrotó el proyecto de ley que impulsaba la creación de un “calendario único” con el propósito de regular la celebración de eventos deportivos en las categorías menores y juveniles.
El Proyecto de la Cámara 1151 fue el segundo intento legislativo del representante Emilio Carlo Acosta luego de que el Senado rindió dos informes negativos sobre la primera medida que el legislador presentó en el 2025 con este fin.
En esta ocasión, la Comisión de Recreación y Deportes incorporó enmiendas a la medida para reducir el deber de las entidades deportivas a uno informativo, así como eximir de las regulaciones el deporte educativo, comunitario y sin fines de lucro.
“El objetivo de coordinación que persigue la medida puede alcanzarse mediante un mecanismo ágil y poco oneroso, sin convertir el deber de las organizaciones deportivas en un sistema de permisos ni en un régimen sancionador severo”, reza el informe positivo del proyecto.
Entre los cambios principales que se incorporaron está el deber de notificación, que antes era un requisito para el endoso del evento. Sin embargo, la comisión legislativa cambió el lenguaje a “deber de informar” al Departamento de Recreación y Deportes (DRD) el lugar, la fecha y la hora de los eventos con al menos seis meses de anticipación.
De igual forma, el proyecto estableció un esquema progresivo de penalidades, que disponía multas de $500, $1,000, $2,500, así como la suspensión de la acreditación y la facultad del DRD de aumentar las sanciones por una penalidad única de $100 por cada evento deportivo que se deje de informar.
El representante Carlo Acosta defendió la legislación al señar, en su turno en el pleno, que atiende una preocupación “apremiante” relacionada a una alegada proliferación de eventos deportivos en las categorías menores y los riesgos que ello supone para la salud, seguridad y bienestar de los jóvenes.
Sin embargo, la medida solo obtuvo 20 votos a favor de legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP). Entre los representantes que votó en contra del proyecto figuró el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez.
Proponen comisión sobre la erosión costera en Loíza
Por otra parte, el cuerpo legislativo dio paso a la Resolución Conjunta de la Cámara 245, que busca crear una Comisión Interagencial que atenderá la crítica situación de erosión costera en Loíza.
La medida de la representante Carmen Medina Calderón recibió el favor unánime del pleno para ordenar la evaluación a través de la Comisión Conjunta del impacto de la erosión costera en las comunidades más afectadas; identificar los proyectos de infraestructura y mitigación prioritarios; así como recomendar legislación y medidas de política pública.
De acuerdo con el informe positivo rendido por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, la medida integra en un solo foro a múltiples entidades con peritaje y jurisdicción directa, y garantiza la rendición de cuentas mediante informes con plazos definidos.
La Comisión Interagencial estaría compuesta por 12 integrantes y sería presidida por el secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles. Mientras, la alcaldesa de Loíza, Julia Nazario, fungiría como la vicepresidenta.
“La medida está diseñada, precisamente, para articular los esfuerzos que actualmente se realizan de manera fragmentada y maximizar el impacto de los recursos disponibles”, expone el informe positivo de la legislación.
Otras medidas aprobadas
Entre otras medidas aprobadas está el Proyecto de la Cámara 570, que busca extenderles a los policías retirados ciertos beneficios de carácter social, institucional y honorífico. La legislación presentada por el representante Emilio Carlo Acosta enmendaría la Carta de Derechos de los Policías para incluir a los efectivos retirados.
Asimismo, el pleno respaldó el Proyecto de la Cámara 572, de la representante Tatiana Pérez Ramírez, para establecer como mandatorio que todo contrato de seguro médico en Puerto Rico incluya en su cubierta la evaluación de procesamiento auditivo central y otras intervenciones terapéuticas para estudiantes con necesidades de educación especial mayores de 21 años.
También recibió el aval del cuerpo legislativo el Proyecto de la Cámara 936, que pretende exigir la formalización de acuerdos escritos para la contratación de servicios profesionales independientes, freelancers, emprendedores o pequeñas y medianas empresas.
La propuesta del representante Sergio Estévez Vélez fue enmendada para eliminar la creación de una Oficina de Apoyo a Freelancers y Emprendedores y la imposición de penalidades.
A su vez, la Cámara aprobó el Proyecto de la Cámara 860, que persigue autorizar que un empleado utilice una segunda cubierta como estipendio o subsidio para sufragar gastos médicos cuando este tenga una cubierta médica familiar mediante el plan de su cónyuge u otro allegado. La medida es de la autoría de los representante Joe Colón Rodríguez y Luis Jiménez Torres.
Mientras tanto, el Proyecto de la Cámara 1173, del representante Jerry Nieves Rosario, recibió el respaldo cameral para designar con el nombre de “Sabor de las Atenas” a la Ruta Gastronómica y Panorámica que transcurre la carretera PR-685, en Manatí.
El pleno acogió, de igual forma, los informes finales de las Resoluciones de la Cámara 406 y 530. La primera de estas medidas, impulsada por el representante José Aponte Hernández, investigó el cumplimiento con la Ley 219-2006, conocida como la Ley para Fomentar el Empleo de Personas con lmpedimentos Cualificadas en las Agencias, Dependencias y Corporaciones Públicas.
La segunda resolución, presentada por el representante Luis Pérez Ortiz, investigó el cumplimiento de la Ley 76-2013, que creó la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada.
La Cámara de Representantes reanudará sus trabajos de la sesión legislativa el próximo lunes, 15 de junio, a la 1:00 de la tarde.
