Con el objetivo que los ciudadanos conozcan sobre las interrupciones en el servicio de agua potable en tiempo real, la Cámara de Representantes avaló de forma unánime una legislación que obliga a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) a establecer un sistema de información que divulgue información operacional de sus trabajos, así como los niveles de agua en los tanques que les suplen el preciado líquido.
El Proyecto de la Cámara 1165, del representante Eddie Charbonier Chinea, busca crear la “Ley de Transparencia Operacional del Servicio de Agua Potable de Puerto Rico” la cual impone a la AAA el mandato de proveer información pública continua en torno a las interrupciones del servicio, los trabajos programados y las métricas de desempeño operacional de esta corporación que es la única que ofrece el servicio a la ciudadanía en Puerto Rico.
En la exposición de motivos de la pieza, el representante Charbonier Chinea, destaca que contrario a la política pública que rige el servicio de energía eléctrica, mediante la Ley 17 de 2019, “el ordenamiento jurídico vigente de la AAA no contiene disposiciones claras que obliguen a la corporación a divulgar información en tiempo real sobre las interrupciones del servicio, trabajos programados o el desempeño del sistema”.
“La intención de esta medida es que la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados publique y que todo ciudadano, no tan solo los alcaldes y los directores de manejo de emergencia, sino todos los ciudadanos de Puerto Rico tengan acceso a lo que se conoce como la telemetría que es la métrica, no tan solo de los embalses que ya se hace, sino de todos los tanques que tiene la AAA alrededor de todo Puerto Rico”, indicó Charbonier Chinea.
Durante su turno, el autor del proyecto enfatizó que se ha tenido que llegar a estos extremos ya que “si nos hubiesen hecho caso, cuando hace más de 11meses le planteamos la situación a la Rama Ejecutiva, no estuviésemos donde estamos hoy día”.
“¿Por qué tuvimos que hacer esto? Porque no hay transparencia y ante la falta de transparencia, y la falta de respeto entre las ramas de gobierno de forma consistente, ha sido necesaria la medida”, para resolver lo que calificó como “una crisis”.
Mientras que, en su turno sobre la medida, el representante Denis Márquez Lebrón presentó enmiendas en sala para facultar a la Junta de Gobierno de la AAA a emitir sanciones por incumplimiento y para que la información pública que será divulgada incluya el porcentaje de pérdida de agua potable como resultado de fallas estructurales y tuberías rotas. Ambos cambios fueron respaldados por el pleno.
“Acabo de leer la primera lectura de estipulación del caso del Municipio de San Juan. Ojalá se replique esa estipulación en todo el país, y que las responsabilidades que asume para San Juan la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados la asuman sin la obligación que se la imponga un tribunal”, manifestó Márquez Lebrón.
Mediante esta legislación, la corporación deberá desarrollar, implementar y mantener en su página de internet un sistema de información operacional accesible al público sin costo, que deberá incluir un mapa geográfico actualizado de áreas sin servicio, la causa de la interrupción, el número estimado de abonados afectados, la hora estimada de restablecimiento del servicio y el estatus actualizado de reparación.
Estos avisos deberán ser notificados en un término no mayor 60 minutos desde que la Autoridad tenga conocimiento del evento de interrupción en el servicio.
Asimismo, el sistema, debe contener notificaciones sobre trabajos programados, los cuales serán publicados con no menos de 48 horas de anticipación, el cual deberá informar los sectores impactados, la duración estimada de la interrupción del servicio y las medidas para mitigar la falta de agua potable.
En la página se deberá añadir igualmente, métricas de desempeño operacional de forma trimestral.
La pieza indica, que el incumplimiento reiterado de las disposiciones de esta ley constituirá negligencia administrativa grave y podrá conllevar la imposición de multas administrativas conforme a la reglamentación aplicable, así como referidos a la Oficina de Ética Gubernamental.
Además, pone en manos de la Oficina del Procurador del Ciudadanos la facultad de supervisar el cumplimiento de esta ley, así como requerir información, la realización de auditorías administrativas y la emisión de informes públicos sobre el desempeño de la AAA.
La Autoridad tendrá 90 días a partir de la aprobación del proyecto para adoptar la reglamentación necesaria para la implementar esta ley.
Respaldan medidas de beneficio a atletas menores de edad
También fueron refrendados varios proyectos que intentan garantizar a los atletas menores de edad, así como a sus familias, un entorno seguro durante su participación en eventos deportivos.
Este el caso del Proyecto de la Cámara 408, del representante Luis “Josean” Jiménez Torres, que pretende que toda organización deportiva que celebre eventos con fines de lucro deberá tener un plan de acción para atender situaciones de crisis emocionales de estudiantes atletas.
A esto se une el Proyecto de la Cámara 839, también del representante Jiménez Torres, que crea la “Ley para la Regulación del Financiamiento de Programas Deportivos Escolares”, que prohíbe el cobro de cuotas o cargos a estudiantes o sus padres por participar en los programas deportivos que representen a una institución educativa.
A la vez, se permitirá métodos alternos de financiamiento para dichos programas y dispone además una excepción para los programas administrados y operados por terceros contratados por la institución educativa.
También recibió el beneplácito, el Proyecto del Senado 732, el cual obliga que, en todos los torneos deportivos, competencias y en las escuelas especializadas en deporte se garantice la presencia de al menos un terapeuta atlético en aras de reducir las lesiones durante estas actividades.
Ratifican enmiendas al Código Municipal
De igual forma, fue ratificado el Proyecto de la Cámara 1005, del representante José “Cheito” Hernández Concepción, para enmendar el “Código Municipal de Puerto Rico”, a los fines de permitir a personas naturales o jurídicas con o sin fines de lucro, adquirir propiedades declaradas estorbos públicos, sin tener que esperar un año para ello, siempre que certifiquen que la estructura se dedicará a vivienda para individuos o familias de ingresos bajos, moderados o de clase media, bajo criterios adoptados por los municipios mediante ordenanza.
Esta medida fue radicada a petición del alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo.
A su vez, el Proyecto de la Cámara 1160, del representante Joe “Joito” Colón Rodríguez, tuvo el visto bueno para enmendar la “Ley para la Reforma de Permisos” con el fin de excluir a los agricultores bonafide del sector de producción primaria del requisito de Permiso Único, para los predios y estructuras destinadas exclusivamente a la actividad agrícola bajo esta categoría.
Con ello, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe), delega la validación de estas actividades al ente con pericia técnica correspondiente, simplificando así el acceso a incentivos para los agricultores certificados. Bajo el nuevo ordenamiento la certificación que expide el Departamento de Agricultura sustituirá el Permiso Único.
Sin embargo, se preservará las funciones reglamentarias delegadas al Departamento de Salud, cuando trabaje con la preparación de alimentos y el Cuerpo de Bomberos, en el momento de levantar una estructura. Otras entidades gubernamentales, incluidas son la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados y de la Autoridad de Energía Eléctrica.
Dan paso a otras piezas legislativas
Durante la jornada de la Sesión Ordinaria, se dio paso al Proyecto de la Cámara 1175 del representante Jerry Nieves Rosario, para añadir un inciso l al Artículo 7 de la “Ley de Gobierno Electrónico”, que incluye como uno de los deberes fundamentales y permanentes de los jefes de las agencias la incorporación del sistema de videoconferencia para ofrecer sus servicios a los ciudadanos. Nieves Rosario manifestó que con ello se “respeta el tiempo del ciudadano que a menudo debe perder un día de trabajo para que lo atiendan en una agencia de gobierno”, a la vez que aseguró que la propuesta no elimina el servicio presencial o por teléfono.
De igual manera, ocurrió con el Proyecto del Senado 1091, para enmendar el Artículo 4 de la “Ley Orgánica del Departamento de Justicia” a los fines de aclarar que las agencias de la Rama Ejecutiva podrán comparecer ante los foros administrativos, representados por abogados empleados de la propia agencia, o personal contratado por servicios profesionales.
Asimismo, con el Proyecto de la Cámara 664, de los representantes Yashira Lebrón Rodríguez y Aponte Hernández, para establecer la “Ley de Para Prohibir la Competencia Desleal de en Puerto Rico”, a los fines de prohibir los actos de competencia desleal según dispuestos en la presente ley recibió el beneplácito de los representantes.
Se unió a la lista de las medidas aprobadas el Proyecto de la Cámara 1136, de los representantes Jiménez Torres y Angel Morey Noble, para crear la “Ley para la Seguridad y Bienestar Digital de los Menores”, a los fines de establecer los 14 años como la edad mínima para el acceso y uso de plataformas de redes sociales con características adictivas de diseño dentro de la jurisdicción de en Puerto Rico.
La Resolución Concurrente de la Cámara 40, presentada por el representante José Aponte Hernández, la representante Elinette González Aguayo y el representante Edgardo Feliciano Sánchez, fue aprobada para que la Asamblea Legislativa exprese su apoyo a las gestiones que realiza la Asociación del Cuerpo de Cadetes y Oficiales Retirados de Puerto Rico. Estas gestiones buscan que se otorgue de forma póstuma la Medalla de Honor- concedida el presidente de los Estados Unidos en nombre del Congreso- al Sargento de Primera Clase Jorge Otero Barreto, veterano en los conflictos de Corea y Vietnam, conocido como el “Rambo Puertorriqueño”, por su gesta que fue más allá del deber.
Así también, se dieron por recibidos los informes finales en torno a las Resoluciones de la Cámara 133 y 554, bajo los cuales se investigaron el estado de las carreteras en los municipios de Caguas y Gurabo, así como el problema de energía eléctrica que enfrentan los residentes y comerciantes de la PR-681 que incluye a los municipios de Barceloneta y Arecibo, respectivamente.
Fue atendido por descargue la Resolución de la Cámara 715, del representante Ricardo “Chino” Ocasio Ramos, para enmendar la Sección 2 de la Resolución de la Cámara 329, a los fines de enmendar el término ordenado a la Comisión de Adultos Mayores y Bienestar Social para rendir su informe final.
Tanto el Proyecto de la Cámara 363, como el Proyecto 860, ambos del representante Colón Rodríguez, fueron dejados para un turno posterior.
Mientras que en el turno de mociones fue autorizada una moción de condolencias presentada por la representante Lillibeth Rosas Vargas, por el fallecimiento del veterano comentarista deportivo mayagüezano, Johnny Flores, a la que se unió el resto de las delegaciones.
La Cámara de Representantes recesó sus labores de la Sesión Ordinaria hasta el próximo jueves, 11 de junio de 2026, a las 11:00 a.m.
