La Asociación de Alcaldes de Puerto Rico expresó formalmente su oposición a los cambios propuestos por el Negociado del Censo de Estados Unidos para el Censo de 2030, al advertir que podrían provocar errores en el conteo poblacional y afectar la distribución de millones de dólares en fondos federales destinados a servicios esenciales en los municipios.
Mediante una comunicación oficial presentada el 2 de noviembre, la organización señaló que la propuesta no considera las particularidades de Puerto Rico, incluyendo su sistema contributivo, las direcciones residenciales en comunidades rurales y el movimiento constante de ciudadanos entre la Isla y los estados.
“Un ciudadano que no sea contado correctamente sigue necesitando servicios, pero su municipio podría recibir menos recursos para atenderlo. No podemos permitir que una decisión federal, tomada sin considerar nuestra realidad, termine perjudicando a nuestras comunidades durante los próximos diez años”, expresó el presidente de la Asociación de Alcaldes, Jorge L. González Otero.
La entidad advirtió que un conteo incorrecto podría afectar programas de vivienda, asistencia a adultos mayores, cuido infantil, desarrollo comunitario y transportación. Además, tendría consecuencias sobre la distribución de recursos del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) y otros aspectos de la administración municipal establecidos por ley.
La Asociación recordó que el propio Negociado del Censo estimó que aproximadamente 217,000 residentes de Puerto Rico fueron omitidos en el Censo de 2020, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de enumeración y verificación. Ante este escenario, la organización solicitó que no se apruebe la reglamentación en su forma actual y reclamó vistas públicas en Puerto Rico, estudios de impacto y consultas formales con los gobiernos municipales antes de adoptar cualquier cambio.
Asimismo, respaldó los planteamientos presentados por el comisionado residente, Pablo José Hernández Rivera, para garantizar la participación del Instituto de Estadísticas y la Junta de Planificación en el proceso. “Lo que exigimos es sencillo: que cada puertorriqueño sea contado, una sola vez y en el lugar correcto. De ello dependen los recursos y servicios que recibirán nuestras comunidades durante la próxima década”, concluyó González Otero.
