Foto: visuales de la costa isabelina
El alcalde de Isabela, Miguel “Ricky” Méndez Pérez, solicitó que se realicen estudios técnicos, económicos y de planificación antes de aprobar el Proyecto del Senado 1217, que propone crear la Ley para la Designación de la Reserva Natural Mabodamaca, una iniciativa dirigida a proteger una zona costera del municipio.
La medida, presentada por los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago Negrón y Adrián González Costa, busca establecer una reserva natural en el barrio Bajuras de Isabela. Sin embargo, el gobierno municipal sostiene que la propuesta fue radicada sin una consulta previa con su administración, a pesar de las posibles implicaciones sobre el uso de terrenos, la planificación territorial y los derechos de propietarios privados.
Mediante un memorial presentado ante la Comisión de Turismo, Recursos Naturales y Ambientales del Senado, el municipio dejó establecido que favorece la conservación del área, pero considera indispensable aclarar varios aspectos antes de que la legislación continúe su trámite.
“El Municipio de Isabela agradece la oportunidad de participar en este proceso legislativo. Isabela es un municipio que ha hecho de su litoral costero y de sus recursos naturales un elemento central de su identidad, su atractivo turístico y su economía local. El área de Mabodamaca forma parte de ese patrimonio”, expresó Méndez Pérez.
El alcalde enfatizó que las observaciones presentadas no constituyen una oposición a la protección ambiental, sino un llamado a garantizar que la designación de la reserva responda a criterios técnicos, legales y económicos.
“Nuestro memorial no pretende obstruir ni retrasar la protección de un ecosistema que el Municipio valora profundamente; pretende, por el contrario, contribuir a que dicha protección se materialice de manera sólida, justa, técnicamente fundamentada y duradera”, sostuvo.
Proponen proteger más de 200 cuerdas de terreno en Isabela
Según la descripción incluida en el memorial municipal, el Proyecto del Senado 1217 contempla designar como Reserva Natural Mabodamaca aproximadamente 204.5 cuerdas de superficie terrestre en el barrio Bajuras, al norte de la carretera PR-466, entre las playas Las Golondrinas y Shore Island.
La propuesta también incluye la protección de terrenos y ecosistemas marinos sumergidos hasta nueve millas náuticas mar afuera.
El proyecto asignaría al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) la responsabilidad de delimitar el área protegida, desarrollar estudios y proyectos de restauración, así como preparar un plan de manejo en consulta con el municipio y organizaciones comunitarias.
Méndez Pérez recordó que la iniciativa de proteger Mabodamaca no es nueva y que organizaciones ambientalistas han promovido anteriormente esfuerzos similares.
Asimismo, indicó que durante el pasado cuatrienio se presentó una propuesta relacionada con la protección del área por parte de la entonces senadora Ana Irma Rivera Lassén, del Movimiento Victoria Ciudadana, que no logró convertirse en ley.
Municipio advierte sobre falta de información de los terrenos afectados
Uno de los principales señalamientos del gobierno municipal está relacionado con la delimitación de la reserva.
Según el memorial, aunque la legislación identifica el área mediante referencias geográficas y establece una superficie aproximada, no incorpora un mapa oficial, un plano catastral ni una relación detallada de los predios que quedarían comprendidos dentro de la designación.
El municipio sostiene que esta información resulta indispensable para determinar cuáles propiedades privadas podrían quedar sujetas a nuevas disposiciones de conservación.
Además, plantea que los propietarios deben tener acceso a información precisa que les permita conocer el alcance de la legislación y sus posibles consecuencias.
Solicitan evaluar impacto sobre la planificación territorial
Otra de las preocupaciones planteadas está relacionada con la compatibilidad de la propuesta con el Plan de Uso de Terrenos de Puerto Rico y el Plan de Ordenación Territorial del Municipio de Isabela.
De acuerdo con el memorial, el proyecto dispone que la Junta de Planificación adopte o modifique los instrumentos de planificación correspondientes para incorporar la nueva reserva.
Sin embargo, la administración municipal considera necesario conocer previamente cómo estos cambios afectarían las clasificaciones y calificaciones de uso de terrenos vigentes, particularmente en propiedades privadas incluidas o cercanas al área propuesta.
El alcalde también solicitó que se evalúen las posibles consecuencias económicas para los propietarios y las actividades que actualmente se desarrollan en la zona.
El municipio advierte que la designación podría establecer restricciones sobre determinados usos de los terrenos, por lo que recomienda preparar un estudio de impacto económico antes de aprobar la medida.
Plantean interrogantes sobre derechos de propiedad y contribuciones
El memorial también señala la necesidad de examinar las posibles implicaciones constitucionales relacionadas con la protección de la propiedad privada.
Según el municipio, las restricciones que eventualmente se establezcan podrían tener efectos sobre el uso y disfrute de determinados predios, dependiendo de su alcance.
No obstante, la existencia de una designación ambiental no implica automáticamente una violación de derechos constitucionales ni genera, por sí sola, una obligación de compensación. Esas consecuencias dependerían de las restricciones específicas y del marco jurídico aplicable.
La administración municipal también plantea que se evalúe cómo una posible modificación en los usos permitidos podría incidir en la valoración de las propiedades para fines contributivos ante el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM).
Por ello, solicita incorporar mecanismos que permitan revisar las valoraciones correspondientes cuando proceda conforme a la legislación vigente.
Reclaman participación directa del Municipio de Isabela
Aunque el alcalde reconoció favorablemente las disposiciones del proyecto que contemplan consultas municipales y acuerdos de manejo compartido con organizaciones comunitarias, considera que la participación del gobierno local debe quedar definida con mayor precisión.
El memorial establece que una consulta informativa no necesariamente garantiza que el municipio pueda intervenir de manera efectiva en las decisiones relacionadas con el manejo y la administración de la reserva.
En ese sentido, Méndez Pérez solicitó que se reconozca formalmente la participación municipal en la elaboración del plan de manejo y en los posibles acuerdos de colaboración con el DRNA.
El ejecutivo municipal destacó que Isabela ha respaldado distintas iniciativas de conservación, entre ellas el mantenimiento del paseo lineal municipal y la colaboración con organizaciones como Conservación Costera de Puerto Rico (CoCoPR), Surfrider y Rescate Playa de Isabela.
Presentan seis recomendaciones al Senado
Como parte del memorial, el Municipio de Isabela solicitó a la comisión senatorial considerar seis acciones antes de recomendar la aprobación del proyecto:
1. Delimitación oficial: Requerir al DRNA un mapa con la identificación catastral precisa de los terrenos terrestres y marinos incluidos en la propuesta, así como un listado de las propiedades privadas afectadas.
2. Evaluación territorial: Solicitar a la Junta de Planificación un análisis de cómo la designación modificaría las clasificaciones y calificaciones de uso de terrenos vigentes.
3. Estudio económico: Examinar las posibles consecuencias sobre los propietarios privados, las actividades económicas y el desarrollo sostenible de Isabela.
4. Coordinación municipal: Incorporar un proceso formal de consulta y coordinación con el municipio durante la revisión de los planes de uso de terrenos.
5. Valoración contributiva: Evaluar una disposición relacionada con la revisión de las valoraciones catastrales de las propiedades afectadas para fines contributivos ante el CRIM, conforme a la legislación aplicable.
6. Participación en el manejo: Reconocer formalmente al Municipio de Isabela como participante activo en la elaboración del plan de manejo y en los acuerdos de administración compartida.
DRNA estima en más de $2.1 millones la implementación de la reserva
Las preocupaciones sobre la viabilidad de la propuesta también fueron planteadas por agencias gubernamentales durante el proceso legislativo.
Según información divulgada por el Senado, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales reconoció el valor ecológico del área de Mabodamaca, pero no favoreció la aprobación del proyecto en su redacción actual, debido a limitaciones de recursos económicos, técnicos y humanos para establecer y administrar la reserva.
La agencia estimó que su implementación requeriría aproximadamente $2,115,000 durante cinco años.
Esta cantidad incluiría estudios de titularidad, trabajos de agrimensura, delimitación de terrenos, posibles adquisiciones y proyectos de restauración ambiental.
Por su parte, la Junta de Planificación, representada por Pablo Collazo Cortés, director del Programa de Planificación Física, tampoco favoreció la aprobación de la medida en esta etapa.
Entre sus principales señalamientos figuran la falta de información técnica y cartográfica suficiente, las posibles implicaciones sobre propiedades privadas y la ausencia de una fuente de financiamiento identificada.
Las posiciones de ambas agencias reflejan reservas sobre la implementación del proyecto tal como fue presentado, sin que ello constituya necesariamente un rechazo a la conservación ambiental del área.
Buscan una reserva que garantice protección ambiental y planificación responsable
Méndez Pérez reiteró que el gobierno municipal comparte el objetivo de conservar los recursos naturales de Mabodamaca, pero insistió en que la legislación debe atender las interrogantes técnicas, económicas y legales antes de su aprobación.
El alcalde sostuvo que la protección ambiental debe desarrollarse mediante un proceso que permita conocer con precisión los terrenos comprendidos, las responsabilidades de las agencias y los posibles efectos sobre los residentes y propietarios.
“Nuestras observaciones no son objeciones a la conservación ambiental; son preguntas que cualquier gobierno responsable debe formular antes de apoyar una medida de esta naturaleza y magnitud”, expresó.
El Proyecto del Senado 1217 permanece sujeto a la evaluación legislativa correspondiente, mientras se consideran las observaciones del municipio y de las agencias gubernamentales.
La discusión sobre la propuesta se centra ahora en cómo establecer un mecanismo de conservación que proteja los ecosistemas de Mabodamaca y, al mismo tiempo, contemple la planificación territorial, los derechos de los propietarios y la participación del gobierno municipal.
