El alcalde de la ciudad de Arecibo, Carlos R. Ramírez Irizarry, presentó hoy una alternativa para atender la crisis en el manejo de estorbos públicos y los procesos de expropiación, proponiendo la creación de al menos una sala judicial especializada en estos casos. “Para ello, sería necesario enmendar la Ley 201-2023, conocida como la Ley de la Judicatura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”, señaló el alcalde.
Ramírez Irizarry agradeció al representante Edgar Robles Rivera, quien ya sometió un proyecto de ley (PC1230) a esos efectos. “Esta es una situación que se vive en los 78 municipios de Puerto Rico, y todos observamos a diario estos casos en nuestras comunidades. Ciertamente, el andamiaje legal actual debe ser reformado para garantizar los derechos de ambas partes en los procesos de expropiación forzosa. La actual Ley de Expropiación Forzosa data del año 1903”, expresó.
Se define como estorbo público cualquier estructura o solar abandonado o baldío que no sea apto para ser habitado o utilizado por seres humanos. Esto incluye propiedades en condiciones de ruina, falta de mantenimiento, defectos de construcción o que resulten perjudiciales para la salud o la seguridad pública.
Actualmente, no existe información precisa sobre la cantidad de estorbos públicos, ya que ni el gobierno ni el censo llevan un conteo oficial. No obstante, Luis Gallardo, director ejecutivo del Centro para la Rehabilitación del Hábitat, estima que cerca de 150,000 propiedades —ya sean residenciales, comerciales u otras— podrían catalogarse como estorbos públicos. Esta estimación se basa en inventarios realizados en varios municipios con los que la entidad mantiene acuerdos.
El alcalde añadió que la Legislatura, mediante la Ley 114-2023, reconoce el sentido de urgencia para atender el problema de los estorbos públicos. Sin embargo, dicha intención se ve afectada por la lentitud en los procesos de evaluación de los casos ante los tribunales de justicia, particularmente en lo relacionado con expropiaciones y declaraciones de estorbos públicos.
Según la Encuesta de la Comunidad del Censo Federal de 2022, en Puerto Rico existen 343,471 unidades de vivienda vacantes, lo que representa un 22% de las casi 1.7 millones de unidades de vivienda en la Isla. “Las comunidades viven diariamente los efectos negativos que provocan las propiedades abandonadas. Esperamos que esta medida, radicada por el representante Robles Rivera, sea evaluada en sus méritos dentro del proceso legislativo”, concluyó Ramírez Irizarry.
