Las denuncias falsas que provocan la movilización innecesaria de policías y personal de emergencia, incluyendo aquellas que utilizan contenido manipulado mediante inteligencia artificial, son el eje de una medida del senador Wilmer Reyes Berríos que recibió el aval del Senado y continuará ahora su trámite legislativo en la Cámara de Representantes.
El Proyecto del Senado 1203, presentado por el senador del Distrito de Guayama y presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Inteligencia Artificial, recibió 24 votos a favor, solo uno en contra y tres ausencias. La medida contó con el respaldo de senadores del Partido Nuevo Progresista (PNP), Partido Popular Democrático (PPD), Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) y el senador independiente Eliezer Molina, reflejando apoyo de distintas delegaciones legislativas a una iniciativa dirigida a prevenir el uso indebido de los sistemas de emergencia.
La legislación propone enmendar la Ley 83-2025, conocida como la Ley de la Policía de Puerto Rico, para incorporar entre las responsabilidades del superintendente el desarrollo e implementación de campañas educativas continuas sobre el uso adecuado de los sistemas de emergencia, la radicación responsable de querellas y las consecuencias legales de suministrar información falsa o simular la comisión de un delito.
La iniciativa cobra particular relevancia ante la creciente disponibilidad de herramientas capaces de generar imágenes, videos y audios falsos con apariencia de autenticidad. Este contenido puede utilizarse para presentar situaciones inexistentes como si fueran reales, inducir a error a las autoridades y provocar intervenciones que desvíen recursos necesarios para responder a emergencias legítimas.
Durante su intervención en el hemiciclo senatorial, Reyes Berríos destacó que la medida no pretende restringir el desarrollo de la inteligencia artificial ni imponer nuevas regulaciones tecnológicas. Explicó que su propósito es educar a la ciudadanía, prevenir denuncias falsas y proteger los recursos destinados a atender emergencias reales.
El proyecto establece que las campañas se desarrollarán en coordinación con los comisionados de las policías municipales y el Negociado del Sistema de Emergencias 9-1-1, incorporando la experiencia de las entidades que reciben, procesan y atienden situaciones de emergencia. Asimismo, dispone que el contenido relacionado con las consecuencias legales de estas conductas se prepare en consulta con el Departamento de Justicia.
Más allá de las consecuencias legales, las denuncias falsas pueden afectar directamente la capacidad de respuesta del sistema de seguridad pública. Cada intervención provocada por información deliberadamente falsa puede requerir la movilización de personal, vehículos y otros recursos operacionales que podrían necesitarse para atender situaciones reales.
Actualmente, el Artículo 268 del Código Penal de Puerto Rico contempla consecuencias penales por declaraciones o alegaciones falsas sobre la comisión de delitos. La medida de Reyes Berríos no crea nuevos delitos ni aumenta las penas existentes. Su enfoque consiste en promover el conocimiento de las disposiciones vigentes y orientar sobre los riesgos asociados al uso de contenido falso o manipulado, particularmente cuando se emplean herramientas de inteligencia artificial.
Como parte de esa estrategia, la Policía podrá utilizar medios digitales, redes sociales, materiales audiovisuales y otros canales de comunicación, así como programas de alcance comunitario, entre ellos la Liga Atlética Policiaca. También se fomenta la participación voluntaria de los municipios para ampliar el alcance de las iniciativas educativas y llevar la orientación a distintas comunidades de Puerto Rico.
Otro componente de la legislación es el establecimiento de mecanismos para evaluar los resultados de estas iniciativas. El proyecto requiere que el superintendente de la Policía presente anualmente al gobernador y a la Asamblea Legislativa, no más tarde del 30 de septiembre, un informe sobre las campañas realizadas, los medios utilizados, su alcance estimado y los datos disponibles relacionados con querellas, llamadas o denuncias falsas detectadas.
Ese informe deberá incluir, además, los incidentes que involucren contenido generado mediante inteligencia artificial y los recursos operacionales empleados para atenderlos. La Policía podrá solicitar la colaboración del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para el desarrollo de indicadores y la evaluación de las campañas.
El P. del S. 1203, radicado el 16 de abril de 2026, fue referido a la Comisión de Seguridad Pública y Asuntos del Veterano y recibió un informe legislativo con enmiendas antes de su consideración en el pleno del Senado.
Con su aprobación en la sesión del jueves, la legislación pasará ahora a la Cámara de Representantes para continuar el proceso legislativo. De convertirse en ley, la Policía tendría un término de 90 días para adoptar o modificar la reglamentación necesaria para su cumplimiento.
