El senador por el Distrito de Mayagüez-Aguadilla, Jeison Rosa Ramos, radicó el Proyecto del Senado 1579, que enmienda la Ley 163-2024, conocida como “Ley para la Protección, Seguridad, Integración, Bienestar y Desarrollo Integral de las Personas con los Trastornos del Espectro Autista”, para crear un Programa de Certificación Especializada en Autismo para Maestros de Educación Especial del sistema público. La medida establece un plan escalonado para que estos educadores obtengan una certificación adicional, especialidad o credencial equivalente reconocida por el Departamento de Educación en la categoría de Educación Especial: Autismo.
La ley vigente exige que todo maestro de Educación Especial que atienda directamente a estudiantes dentro del espectro complete 18 horas crédito de educación continua cada dos años. El proyecto reconoce que la educación continua y una certificación académica especializada cumplen propósitos distintos: la primera mantiene al día los conocimientos, mientras que la segunda desarrolla competencias de manera secuencial y verificable. Actualmente, la ruta de recertificación para la categoría de Autismo contempla una especialidad de 18 créditos académicos.
“Cada niño dentro del espectro autista es distinto, y nuestros maestros merecen las herramientas para atender esa diversidad en el salón de clases. Este proyecto le da a la educación especial una ruta clara, ordenada y accesible para que la preparación de nuestros educadores esté a la altura de las necesidades de los estudiantes y sus familias”, expresó el senador Rosa Ramos.
Según la medida, durante los primeros dos años escolares se dará prioridad a los maestros cuya función principal sea atender directamente a estudiantes con Trastornos del Espectro Autista, incluidos quienes laboran en salones o programas especializados. En el tercer y cuarto año, el acceso se ampliará progresivamente al resto de los maestros de Educación Especial. Los maestros de nuevo ingreso nombrados luego de los primeros dos años del plan tendrán hasta tres años desde su nombramiento para completar la certificación, salvo justa causa.
El proyecto dispone que se reconozcan, sin duplicidad, los créditos, especialidades, certificados y cursos equivalentes aprobados previamente en instituciones acreditadas, y que los cursos de la certificación puedan contar para los requisitos de educación continua en autismo, según lo permita la reglamentación. Además, la oferta académica deberá estar disponible en modalidades presenciales, híbridas y virtuales, distribuida de forma accesible entre las regiones educativas.
Para implementar el programa, el Departamento de Educación podrá formalizar acuerdos con la Universidad de Puerto Rico, instituciones postsecundarias acreditadas, entidades sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, asociaciones profesionales, centros especializados y municipios. Las organizaciones del Tercer Sector podrán aportar talleres, mentoría, experiencias prácticas supervisadas y orientación a familias, mientras que los créditos conducentes a la certificación deberán ser conferidos o reconocidos por una institución acreditada.
“Puerto Rico tiene universidades con experiencia en autismo y organizaciones sin fines de lucro que trabajan día a día con nuestros niños y sus familias. Lo que proponemos es unir ese rigor académico con esa experiencia práctica, para que la certificación no se quede en la teoría y se traduzca en mejores estrategias dentro del salón”, sostuvo el legislador.
La medida incluye una salvaguarda laboral: ningún maestro podrá ser objeto de acción disciplinaria ni perder su empleo únicamente por no haber completado la certificación en el término inicial si demuestra justa causa o si el Departamento no ha hecho disponible una ruta académica razonablemente accesible. También se permitirán extensiones por razones como enfermedad, licencia prolongada, servicio militar o situaciones familiares extraordinarias.
Para reducir al mínimo el impacto fiscal, el Departamento utilizará prioritariamente fondos federales para desarrollo profesional y educación especial, recursos presupuestarios existentes, subvenciones, aportaciones privadas y acuerdos de colaboración que permitan ofrecer los cursos sin costo o a costo reducido para los maestros. El proyecto no crea una nueva estructura administrativa ni requiere plazas adicionales.
El Secretario de Educación tendrá 180 días desde la vigencia de la ley para adoptar la reglamentación necesaria. Además, el Departamento remitirá a la Asamblea Legislativa, no más tarde del 31 de octubre de cada año, un informe sobre la cantidad de maestros matriculados y certificados, los acuerdos de colaboración, la disponibilidad de cursos por región y modalidad, los fondos utilizados y las dificultades encontradas.
“Este no es un requisito más para nuestros maestros; es una inversión en ellos y en los estudiantes que atienden. Lo hacemos de forma escalonada, protegiendo su empleo y sin agravar la escasez de maestros de Educación Especial. Las familias de nuestros niños dentro del espectro merecen esa garantía”, concluyó el senador.
