La Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes inició la evaluación del Proyecto de la Cámara 1079, medida que propone modificar la Ley para la Protección y Conservación de la Fisiografía Cársica de Puerto Rico con el propósito de redefinir las facultades de las agencias gubernamentales y armonizar la conservación ambiental con el uso de terrenos y la propiedad privada.
La medida, presentada por el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez Núñez, busca precisar el papel de la Junta de Planificación (JP) en las decisiones relacionadas con el uso de terrenos dentro de la región cársica. Según la propuesta, se procura establecer un balance entre la protección de estos recursos naturales y las posibilidades de desarrollo.
Durante una vista pública presidida por la representante Elinette González Aguayo, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) respaldó el proyecto con enmiendas. La agencia recomendó preservar su jurisdicción y discreción técnica en aquellas determinaciones que requieran evaluaciones científicas especializadas sobre los recursos naturales presentes en la zona.
El presidente de la Junta de Planificación, Héctor Morales Martínez, también favoreció la legislación y sostuvo que la JP debe mantener un papel central en la planificación y determinación de los usos del suelo. Aseguró que los cambios propuestos no implicarían eliminar las protecciones de la región cársica y afirmó que cualquier revisión se realizaría con participación ciudadana.
Por su parte, el Departamento de Justicia recomendó aclarar la distribución de responsabilidades entre la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) y el DRNA. También planteó la necesidad de definir conceptos incluidos en la legislación, como “materia prima”, y armonizar las disposiciones sobre propiedad privada con las protecciones constitucionales y las leyes ambientales vigentes.
La Asociación de Industrias Productoras de Agregados respaldó la medida al considerar razonable la revisión del marco legal. Sin embargo, organizaciones ambientales y expertos expresaron oposición al proyecto.
Representantes de Ciudadanos del Karso y la Sociedad Espeleológica de Puerto Rico, junto al abogado ambiental Pedro Saadé Lloréns, argumentaron que los cambios podrían reducir las protecciones actualmente existentes en la zona cársica. Entre sus preocupaciones señalaron los posibles efectos sobre acuíferos, cuevas, sumideros y otros recursos naturales, además de riesgos relacionados con el desarrollo en terrenos susceptibles a desprendimientos.
Durante la audiencia también surgieron cuestionamientos sobre la ausencia de una ponencia de OGPe. González Aguayo informó que la agencia no sería excusada de los trabajos de la comisión.
El Proyecto de la Cámara 1079 continuará bajo evaluación legislativa mientras la comisión analiza las recomendaciones y objeciones presentadas por las agencias, organizaciones y expertos que participaron de la vista pública.
