El senador por el Distrito de Arecibo, Héctor “Gaby” González, radicó el Proyecto del Senado 1233, una medida que busca establecer en Puerto Rico un marco legal para reducir el desperdicio de alimentos aptos para consumo humano y promover su redistribución a organizaciones sin fines de lucro que atienden poblaciones vulnerables.
La pieza legislativa, titulada “Ley para la Reducción de Desperdicio Alimentario y la Redistribución Solidaria de Alimentos en Puerto Rico”, aplicaría a supermercados, megatiendas, almacenes y otros establecimientos comerciales de 8,000 pies cuadrados o más dedicados a la venta de alimentos. La medida propone que estos comercios establezcan acuerdos con entidades receptoras certificadas para donar productos que, aunque no puedan venderse por razones comerciales, continúan siendo aptos para el consumo humano.
Entre los alimentos contemplados por la medida se encuentran productos próximos a su fecha de consumo preferente, artículos con defectos en empaque o alimentos afectados por sobreinventario, siempre que cumplan con los estándares sanitarios y de inocuidad aplicables. El proyecto también prohíbe la destrucción intencional de alimentos aptos para consumo humano con el propósito de evitar su redistribución.
“El desperdicio de alimentos tiene un impacto social, ambiental y económico. Mientras hay personas enfrentando inseguridad alimentaria, toneladas de alimentos terminan diariamente en los vertederos aun cuando todavía pueden ser consumidos de manera segura. Esta medida busca crear una política pública responsable que permita canalizar esos alimentos hacia personas y comunidades que los necesitan”, expresó el senador González.
La medida toma como referencia legislación aprobada en Francia en el año 2016, reconocida por establecer mecanismos dirigidos a evitar el descarte innecesario de alimentos y fomentar acuerdos de redistribución con organizaciones benéficas. Según explicó el legislador, el proyecto adapta ese modelo a la realidad de Puerto Rico mediante un proceso regulado y supervisado por el Departamento de Agricultura, en coordinación con el Departamento de Salud y otras agencias concernidas.
El proyecto dispone además que las entidades participantes deberán cumplir con requisitos de manejo, documentación y transportación de alimentos, mientras que el Departamento de Agricultura tendrá la responsabilidad de establecer reglamentación, mecanismos de fiscalización y sistemas uniformes de registro y reporte.
“Este es un tema novel en Puerto Rico y entendemos que requiere una estructura clara que garantice seguridad sanitaria, transparencia y coordinación entre el sector privado, las organizaciones comunitarias y el gobierno. La intención es reducir desperdicios, apoyar a entidades que trabajan con poblaciones vulnerables y fomentar una cultura más responsable en el manejo de alimentos”, añadió González.
La exposición de motivos del proyecto también destaca el impacto ambiental asociado al desperdicio de alimentos, particularmente el aumento en residuos sólidos y la generación de gases como el metano en los vertederos. Asimismo, señala que el ordenamiento jurídico federal ya reconoce protecciones para donaciones de alimentos realizadas de buena fe mediante el “Bill Emerson Good Samaritan Food Donation Act”.
