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Ha sido frustrante leer la prensa esta semana y descubrir que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) no trabaja para los puertorriqueños. Las leyes federales requieren una acción. Y la inacción de este partido anexionista contradice su posición política sometiendo a los puertorriqueños a una perpetuidad económica subordinada a los caprichos de anexionador.
El gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi, quien a su vez es el líder anexionista del PNP, en el 2022 aprobó la reforma laboral de Puerto Rico citada como Ley 41-2022. Una reforma laboral significa una transformación extraordinaria de un método existente. Un método, que en este caso mejoraba las leyes laborales de Puerto Rico, para que los beneficiarios adquirieran mejores beneficios laborales. Beneficios tales como aumentos en acumulación de horas de vacaciones y compensación por trabajo a tiempo extra, por ejemplo. Mas allá, la transformación laboral escrita en esta ley incluía tiempo y medio y tiempo doble por cada hora trabajada en exceso de las 40 horas para algunas personas. En síntesis, la Ley 41-2022 conocida como la reforma laboral tenía la intención de mejorar las condiciones salariales para los empleados en Puerto Rico.
Pero aquí existe una contradicción. La ley Promesa requiere que toda ley en Puerto Rico vaya acompañada de un análisis económico sobre su impacto fiscal. Si el impacto económico de ley es incompatible con el plan fiscal, la Junta tomará cualquier acción para asegurar que dicha aplicación de ley no afecte el cumplimiento del gobierno territorial. Si esto sucediese, el Tribunal Federal tiene la autoridad de invalidar cualquier ley en Puerto Rico. (Véase Lo Prometido de Promesa de este autor publicado en La Voz Digital de Puerto Rico, 2019). No obstante, el gabinete del Gobernador Pierluisi nunca presentó evidencia ante el Tribunal Federal para justificar el impacto económico de la reforma laboral en Puerto Rico cuando la ley Promesa requiere dicha acción. ¿Será porque como Comisionado Residente y abogado de la Junta de Supervisión Fiscal el licenciado Pierluisi la apoyó?
La omisión del gobernador Pierluisi y su gabinete de trabajo que es nuevo y progresista se interpreta como un sabotaje a las transformaciones laborales que Puerto Rico requiere. Dicha omisión manifiesta que el PNP sólo está para someter la voluntad de los puertorriqueños ante la supremacía de las leyes federales sin ningún tipo defensa. Esta omisión negligente también demuestra que dicho partido promueve la subordinación de los puertorriqueños ante la Junta de control fiscal. A pesar de que los impuestos de los puertorriqueños cubren el salario y los gastos de los miembros de la Junta.
La doctrina legal en nuestro país establece que las leyes federales son supremas a las de Puerto Rico. La ley Promesa es un a ley federal. Por ende, es suprema a las leyes de Puerto Rico. Y la supremacía legal significa que cualquier ley local que contradiga las leyes federales son ilegales. Aquí vemos como el Tribunal Federal, bajo la jueza federal Laura Taylor Swain, no le queda remedio que invalidar la reforma laboral del 2022, ya que la ley federal requiere un análisis de impacto económico y el equipo de trabajo del gobernador Pierluisi cobardemente tiró la toalla al cuadrilátero porque se negó a defender la necesidad de dicha ley proveyendo evidencia del beneficio económico que ésta tendría sobre Puerto Rico.
Por esta razón, ha llegado el momento de sacar la pata del hoyo y meter mano. Un gobernador consciente ante la necesidad de transformar la economía de Puerto Rico no se sometería a la subordinación de leyes extranjeras. El gobierno de Puerto Rico controla el salario de los miembros de la Junta. El gobierno de Puerto Rico debería someter a la Junta a la supremacía de las leyes de Puerto Rico. Y si no lo hacen, estos tendrían 48 horas para abandonar sus cargos. Si no, serian acusados por sabotear las mejoras económicas que disminuyan las necesidades de los puertorriqueños. Esto es lo que yo haría.