Ante las limitaciones presupuestarias señaladas por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para el nuevo año fiscal 2022-2023 que inicia el 1 de julio de este año, el CPA Gabriel Corchado Méndez, titular de la Defensoría de las Personas con Impedimentos (DPI), reaccionó al mensaje emitido ayer por el gobernador Pedro Pierluisi, en el sentido de que la falta de fondos asignados a esta agencia terminará afectando a los miles de ciudadanos con impedimentos que requieren servicios de manera constante.
“Actualmente, la DPI está bajo unos procesos de reestructuración, comenzando con la recién firmada Ley Núm. 64-2021. Esta es la ley que crea y designa la Oficina de Protección y Defensa de las Personas con Impedimentos. Al aplicar esta medida, tal como está en su lenguaje, dejaría sin fondos federales la DPI y por consiguiente, todo empleado cuyo salario es sufragado parcialmente con fondos federales, serían sufragados en su totalidad con fondos estatales. ¿Qué significa esto?, que nuestra nomina recibe de golpe un incremento de más de $600,000 anuales”, señaló Corchado.
Sumado a esta situación, está la recientemente aprobada Ley Núm. 22-2021, que crea la Oficina Enlace de la Comunidad Sorda. La misma establece en su Artículo 19, que el Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), tiene la responsabilidad de realizar las gestiones necesarias con las agencias del Gobierno y la Junta de Supervisión Fiscal, para solicitar un presupuesto transicional, y que el Defensor incluirá en la solicitud de presupuesto de la Defensoría los fondos necesarios para asegurar la operación de esta nueva Oficina adscrita a la DPI.
“Entendemos que para el año fiscal 2022-2023, necesitaremos $1,000,000 para comenzar la implementación de esta Ley. Nótese que en esta petición de presupuesto, solicitamos únicamente $350,000 para comenzar el proceso administrativo de dicha Oficina”, explicó el titular de la agencia.
Corchado señaló que “no todos los ciudadanos conocen que la Defensoría de las Personas con Impedimentos es la agencia del Gobierno de Puerto Rico que fiscaliza y promueve la defensa de los derechos de las personas con Impedimentos y vela por la erradicación del discrimen por razón de impedimento físico o mental”. Las funciones son orientar, referir, fizcalizar, educar, proteger, interceder, proveer asesoramiento legal en temas tan diversos como la educación, salud, vivienda, empleo, transportación y recreación de las personas con impedimentos.
“Para poder cumplir con nuestra obligación en ley, debemos tener los recursos necesarios. Actualmente trabajamos con un presupuesto bien ajustado, 38 empleados, y si se nos asignan tareas adicionales, debemos tener los recursos. De ahí que en el mensaje del Gobernador haya señalado la necesidad que tiene la DPI”, finalizó Corchado Méndez.