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Con el fin de proteger a los menores y los derechos parentales al momento de prestar un consentimiento informado sobre la inoculación contra el COVID-19, la Representante Burgos Muñiz radicó esta tarde el P. de la C. 1070. El Proyecto propone la imposición de daños estatutarios por la cantidad de diez mil dólares ($10,000.00) a toda persona natural que suministre una vacuna contra el COVID-19 a un menor de edad sin el consentimiento escrito de al menos uno de sus progenitores con patria potestad o su tutor legal. Por su parte, las corporaciones que permitan dicha inoculación no autorizada deberán pagar daños estatutarios ascendentes a veinte mil dólares ($20,000.00). “Mi Proyecto surge de la desconfianza que ha manifestado el Pueblo en lo referente al proceso de vacunación que está llevando a cabo la Rama Ejecutiva. Hemos visto como el Gobernador ha impuesto cargas muy onerosas a los no vacunados con la intención de obligarlos a vacunarse so pena de enfrentar sanciones en sus trabajos. A esto se añade los atropellos de algunos miembros de la clase médica en la negación de servicios a sus pacientes no vacunados. Nos preocupa como la Rama Ejecutiva pueda atender la vacunación de menores ante la posible autorización, por parte de la FDA, del uso de la vacuna de Pfizer en menores de 5 a 11 años. Por esta razón nos toca prevenir.” – sentenció la Portavoz Cameral de Proyecto Dignidad.
Por otro lado, la Representante manifestó su respaldo a los padres en la defensa del derecho que estos ostentan a asistir a sus hijos en sus decisiones médicas. “Ante las reiteradas violaciones a derechos civiles por parte del Ejecutivo, no vemos porque confiarle al Gobernador y al Secretario de Salud el bienestar y la salud de nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Precisamente, son los padres quienes deben asistir a sus hijos en la decisión de aceptar o rechazar la vacuna contra el COVID-19. Ningún menor de edad cuenta con los conocimientos y las capacidades necesarias para entender todos los riesgos previsibles de la vacunación o de cualquier otro tratamiento o procedimiento médico. Es por esto que, como legisladora y ciudadana, rechazo categóricamente cualquier intromisión indebida del Estado, y de cualquier tercero, con el derecho de los menores a contar con el consejo y autorización de sus padres en lo que respecta a decisiones médicas. Los padres siempre contarán con mi apoyo en la defensa de todas las obligaciones y derechos enmarcados en la figura de la patria potestad. Nuestros hijos no pertenecen al Estado ni a las farmacéuticas.”- concluyó la también Presidente de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores de la Cámara de Representantes.