Por: Dr. Howard Caro-López
En estos días la Legislatura aprobó un Proyecto de Ley para aumentar el salario mínimo a $8.50 por hora, el primer aumento en más de una década. Dada las realidades económicas que viven los puertorriqueños con el aumento de necesidades básicas como los alimentos y la energía eléctrica el aumento llega en un momento crítico para muchos individuos y hogares.
Sin embargo, es lamentable que un tema de tanta envergadura sea algo que genera mucho debate aun cuando hay un entendimiento de la necesidad de un salario mínimo para el bienestar de la población en una economía de mercado. En momentos cuando en otras partes de los EEUU, por ejemplo, se legisla salarios mínimos de $10 a $15 por hora, y en Puerto Rico a duras penas acordamos en $9 por hora, que sigue siendo demasiado bajo para apoyar nuestra clase trabajadora. A pesar de estos comerciantes, empresarios y politólogos más conservadores resisten un salario mínimo acorde con el costo de vida básico.
¿Cuáles son los argumentos en contra de un salario mínimo más alto? Entre los más destacados tenemos el impacto adverso en el costo operacional de las pequeñas y medianas empresas al aumentar el costo la laboral; que crea barreras para la inversión privada en Puerto Rico, incluyendo la industria turística y manufacturera; y tal vez la más insidiosa, que a consecuencia de estorbar el crecimiento del sector privado limita la creación de empleos y termina fomentando el “mantengo” .
¿Cuál es la realidad en cuanto a esos argumentos en contra del aumento salarial? En cuanto al impacto que éste tendría en la actividad económica-medido en términos de productividad, según varios estudios hechos por el Economic Policy Institute en Washington indican que previos aumentos en el salario mínimo tuvieron cero impactos en la productividad económica en los EEUU, añadiendo que la productividad económica de la fuerza laboral hoy en día es el equivalente a un salario mínimo de $22 por hora-más del doble del salario mínimo aprobado.
Cabe señalar, que hay varios factores que influyen en el costo operacional en Puerto Rico que tienen hasta más peso que mano de obra. El costo energético, por ejemplo, solo es más alto en tres estados de los EEUU y de los más altos en el mundo según estudios del mercado global de energía eléctrica, en gran medida por la infraestructura antigua que aún se utiliza. Dada la digitalización de la actividad económica esto apunta a la urgencia de resolver el tema de la red energética en la isla. Otra es la dependencia en la importación de casi todos los alimentos en Puerto Rico (más del 80%) lo cual encarece la bolsa familiar para los hogares puertorriqueños. Estos factores tienen mucho más peso que el costo de operar en Puerto Rico y la capacidad de atraer inversión económica, al tener que competir con otros lugares en los EEUU y a través del mundo donde estos costos son más favorables. Estas variables también ejercen presión en los comerciantes y empresarios locales para buscar la forma de minimizar costos operacionales, y el más fácil de manejar es la mano de obra.
Estos hechos también tienen un impacto directo en los debates que se escuchan frecuentemente sobre los supuestos “mantenidos” o “cuponeros” tanto en la calle como en el foro político. En vez de asumir que los que utilizan la asistencia public son individuos con cero motivación para conseguir empleo, debemos como pueblo tomar en cuenta que la asistencia pública posiblemente sea una estrategia económica más lógica para hogares de bajo ingreso ante los salarios bajos que se dan en el mercado laboral y la falta de oportunidades de empleo a consecuencia del alto costo operacional en Puerto Rico.
Aunque es alentador ver que los legisladores de ahora entienden la necesidad de aumentar el salario mínimo para darle alivio a los hogares trabajadores, el compromiso de $9 por hora sigue siendo inadecuado para la realidad económica en la cual los puertorriqueños viven. Dentro de una economía de mercado el bienestar colectivo del pueblo depende de la capacidad de todos de poder acceder a los productos de necesidad básica- alimentos, vivienda, educación, comunicación, y salud, entre otros. Como con varias otras políticas, Puerto Rico tiene la oportunidad de examinar políticas más ambiciosas y creativas para mejorar la calidad de vida básica para cada hogar- sean políticas de ingreso mínimo, inclusión social y capacitación laboral, como para brindar oportunidades a los sectores más vulnerables de nuestro pueblo. Todos los puertorriqueños merecen la oportunidad de vivir con dignidad y seguridad básica, y nos corresponde exigir más de nuestros oficiales elegidos para llegar a esa meta.