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Por: Elizabeth Rosa Vélez / trabajadora social clínica y senadora por el distrito de Arecibo
Las expresiones de la estudiante universitaria, Yarret Piñeiro Rodríguez, en la que denuncia que por falta de interpretes del lenguaje de señas no ha podido culminar su maestría, y la lamentable historia de la señora Janet Viera Grau (QEPD), nos demuestra dos cosas: que el gobierno tiene que redirigir sus esfuerzos hacia adaptarse a las necesidades de la comunidad sorda y no a la inversa, y que, a pesar de los grandes avances legislativos, médicos y educativos, muchos niños sordos dejan la escuela sin estar preparados con todas las herramientas necesarias para una vida social y comunitaria.
Es necesario fomentar el principio de igualdad de oportunidades desde una perspectiva individual y de derechos humanos, en aras de disminuir y evitar la deserción escolar, el suicidio, la violencia y conductas antisociales. Y para esto, la comunicación para participar en sociedad es necesaria para la integración y participación en la vida social y comunitaria.
Según el Censo, en el 2019 la población de Puerto Rico fue de 3.194 millones de habitantes. De esos, aproximadamente 218,000 o 6.83 por ciento, son las personas sordas en Puerto Rico. A través de los años la comunidad sorda en Puerto Rico ha tenido dificultad con el acceso a los servicios públicos que disfrutamos todos. Desde principios de la década de los noventa hasta la actualidad, se han adoptado una serie de medidas legislativas, que, aunque no resultan del todo suficiente, sirven para levantar cierta conciencia en beneficio de la población con discapacidades auditivas y comenzar una eficaz integración y adaptación social y comunitaria.
La ley 136-1996, obliga a que todas las agencias del gobierno provean y tengan disponible un intérprete de señas que asista y atienda a las personas con retos auditivos que le impiden comunicarse oralmente. La ley 80-2002, hace mandatorio que se requiera la utilización de mensajes de señas y el sistema conocido como Close Caption en todos los noticiarios, programas de televisión de difusión pública o privada, interés social y en el Sistema de Alerta de Emergencia. La ley 181-2014, establece la última semana de septiembre como la Semana de la Concientización de la Comunidad Sorda de Puerto Rico y reconoce el 28 de septiembre de cada año como el Día Internacional del Sordo en Puerto Rico. La ley 78-2018,enmendó la Ley del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, a los fines de requerir como parte de los adiestramientos de educación continua que reciben los miembros del Negociado de la Policía de Puerto Rico, se incluya, a manera compulsoria, un seminario anual de Lenguaje de Señas. La ley 173-2018, establece la Carta de Derechos de la Comunidad Escolar Sorda o con Impedimento Auditivo en Puerto Rico. La ley 174-2018, estableció la Ley para viabilizar el acceso a la justicia de las personas que padecen de condiciones que impidan su comunicación efectiva. La ley 266-2018, creó la Ley de Igualdad de Acceso a Información para los Sordos en las Campañas Publicitarias del Gobierno de Puerto Rico.
Para salvaguardar el cumplimiento con todas esas leyes, presenté y se aprobó la Resolución de Senado 68, ya que, aunque el historial legislativo a favor de la comunidad sorda en Puerto Rico ha sido un avance, ciertamente, los sucesos con la Sra. Janet Viera Grau y la señora Yarret Piñeiro Rodríguez, pone al descubierto que nos resta camino por recorrer. Echemos a un lado el hecho que la discapacidad auditiva es invisible, y adaptemos todos los servicios a las necesidades de la comunidad sorda y no a la inversa.