El Tribunal Supremo aprobó hoy las Reglas de Conducta Profesional de Puerto Rico, un cuerpo normativo actualizado que contendrá los deberes éticos que deben observar quienes ejercen la abogacía y la notaría en nuestra jurisdicción. Esta aprobación constituye un hito en la evolución de la profesión legal en el país y reafirma un compromiso decidido con los más altos estándares de integridad, competencia y responsabilidad profesional. Las nuevas reglas entrarán en vigor el 1 de enero de 2026, fecha en que quedará derogado el Código de Ética Profesional actual, aprobado en 1970.
Este nuevo marco ético-disciplinario es el resultado de un proceso fundamentado y participativo, nutrido con el insumo de diversos sectores de la comunidad jurídica y profesional, así como mediante estudios, consultas públicas y análisis comparativos con normas y pautas internacionales en la materia. La compilación de una propuesta cabal, meticulosa y articulada estuvo a cargo de un Comité Especial compuesto por juristas vinculados a la materia de ética profesional jurídica y notarial. La propuesta tomó como base las Reglas Modelo de la American Bar Association (ABA), cuyo texto fue adaptado en algunas de sus disposiciones a la realidad jurídica y social de Puerto Rico.
Entre los cambios más relevantes destacan la inclusión de una regla sobre competencia y diligencia tecnológica −que incorpora el uso ético de herramientas como la inteligencia artificial−, y la integración novel de disposiciones específicas sobre el ejercicio de la notaría en un mismo cuerpo legal. Asimismo, se regula por primera vez y de forma particular el deber ético de quienes integran el Ministerio Público, así como nuevas reglas sobre la forma en que se anuncian servicios legales profesionales, entre otras innovaciones.
Como parte del proceso de implementación, el Tribunal Supremo ordenó que todas las personas autorizadas a ejercer la abogacía o la notaría, con estatus activo o suspendido temporalmente, completen un mínimo de seis horas crédito en cursos específicamente dedicados a las nuevas normas éticas en cualquier momento no más tarde del 31 de diciembre de 2026. Este requisito especial será exigido solo una vez y deberá acreditarse aun si el abogado o abogada completó sus horas crédito en materia de ética durante su periodo trienal en cumplimiento con el Programa de Educación Jurídica Continua (PEJC).
