La senadora del Distrito de Mayagüez-Aguadilla, Karen Román Rodríguez, presentó tres medidas legislativas dirigidas a modernizar y hacer más eficientes los procesos de auditoría e investigación que realiza la Oficina del Contralor de Puerto Rico sobre distintas entidades gubernamentales.
Las medidas, P. del S. 807, 808 y 809, buscan otorgarle a la Oficina del Contralor mayor discreción en la planificación de sus auditorías, ajustando la frecuencia de las mismas a un término máximo de tres años, según criterios estratégicos y técnicos de la propia Oficina.
Román Rodríguez explicó que las enmiendas no modifican la Ley del Contralor, sino disposiciones específicas en leyes que actualmente establecen auditorías anuales para ciertas agencias. “No podemos seguir imponiendo por ley auditorías anuales cuando la Oficina del Contralor carece del personal suficiente para cumplirlas con eficacia. Esta reforma permitirá una planificación más estratégica, sin que se afecte la transparencia ni la rendición de cuentas”, señaló la legisladora.
El primero de los proyectos, P. del S. 807, propone enmendar el inciso (E) del Artículo 39 de la Ley 139-2008, conocida como la Ley de la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica. Esta enmienda dispone que la Oficina del Contralor determine, conforme a sus planes estratégicos de auditoría, la frecuencia con que examinará las operaciones de la Junta, dentro de un término que no exceda los tres años.
Por su parte, el P. del S. 808 modifica el inciso (b) del Artículo 2.1 de la Ley 1-2012, Ley Orgánica de la Oficina de Ética Gubernamental de Puerto Rico, para extender de dos a tres años el término establecido por ley para la realización de auditorías a dicha Oficina. Esta medida busca que la Contraloría pueda calendarizar sus auditorías conforme a criterios técnicos y operacionales más realistas y eficientes.
Mientras tanto, el P. del S. 809 enmienda el Artículo 3 de la Ley 209-2003, conocida como la Ley del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, para disponer que las auditorías de las cuentas y operaciones del Instituto se realicen al menos una vez cada tres años. Con ello, se persigue garantizar que las revisiones respondan a una planificación más racional, sin menoscabar la transparencia ni la rendición de cuentas de esta entidad.
La senadora destacó que la propuesta no pretende debilitar los procesos de fiscalización, sino actualizarlos para que respondan a criterios realistas de capacidad institucional: “La buena fiscalización no depende de la cantidad de auditorías, sino de su calidad y pertinencia. Estas medidas garantizan que los recursos del Contralor se utilicen de manera efectiva, priorizando aquellas entidades donde realmente se identifiquen riesgos o irregularidades”, sostuvo Román Rodríguez.
Asimismo, resaltó que las medidas fueron redactadas tomando como referencia las recomendaciones del Informe de Auditoría CP-21-07 del Contralor, donde se sugiere flexibilizar la frecuencia de auditorías impuestas por ley para mejorar la planificación estratégica y la efectividad en la detección de irregularidades.
“Mi compromiso es con un gobierno más ágil, fiscalmente responsable y transparente. Estas medidas representan un paso firme hacia la modernización de los mecanismos de control y la optimización de los recursos públicos”, concluyó Román Rodríguez.
