La senadora Wandy Soto Tolentino, presidenta de la Comisión de Familia, Mujer, Personas de la Tercera Edad, y Población con Diversidad Funcional e Impedimentos, llevó a cabo una importante mesa redonda de discusión enfocada en la creciente problemática de la explotación financiera de adultos mayores en Puerto Rico, un fenómeno que ha ido en aumento y que representa una de las formas más complejas y difíciles de detectar de maltrato y fraude en la actualidad.
La iniciativa se realizó para discutir los hallazgos de los trabajos investigativos realizados mediante la Resolución del Senado 75, de la autoría de la senadora Soto Tolentino, la cual buscaba examinar el estado actual de la protección a las personas de edad avanzada frente a esquemas de explotación financiera, así como identificar deficiencias en el sistema y proponer soluciones concretas.
Durante el encuentro participaron destacados representantes de diversos sectores quienes han estado comprometidos desde un principio junto a la senadora Soto Tolentino en buscar soluciones para atender esta problemática. Entre los presentes estuvieron la procuradora de las Personas de Edad Avanzada, Dra. Yolanda Varela; la presidenta de la Asociación de Bancos de Puerto Rico, Lcda. Zoimé Álvarez; el presidente de AARP en Puerto Rico, José R. Acarón; el presidente de la Federación de Instituciones de Cuido Prolongado, Jonathan Morales; la presidenta de la Asociación de Centros de Cuido de Larga Duración, Minerva Gómez; así como representantes del Departamento de la Familia, el Departamento de Justicia, la Policía de Puerto Rico, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, entre otros.
La explotación financiera de adultos mayores, según se discutió, ocurre con frecuencia dentro del entorno familiar o de confianza de la víctima, lo que dificulta su identificación y denuncia. Este tipo de maltrato puede incluir manipulación de cuentas bancarias, coerción emocional, control indebido de recursos económicos, apropiación ilegal de bienes, entre otras conductas que afectan gravemente la calidad de vida y dignidad de las personas mayores.
Como parte de la mesa redonda, se presentaron hallazgos preliminares de la investigación legislativa que evidencian serias fallas en el andamiaje actual para prevenir, detectar y procesar estos casos. Entre los mecanismos que actualmente utilizan las instituciones bancarias para combatir este tipo de fraude se encuentran el monitoreo de transacciones sospechosas, la educación continua a clientes, la emisión de reportes a las autoridades y el uso de sistemas avanzados de ciberseguridad.
No obstante, los participantes coincidieron en que estos esfuerzos, aunque importantes, resultan insuficientes ante la magnitud y complejidad del problema. Entre los principales retos identificados se encuentran la falta de cooperación de las víctimas por temor a perjudicar a familiares, el deterioro cognitivo y de salud que limita la denuncia, deficiencias en la calidad de los referidos entre agencias, falta de capacitación en personal gubernamental, limitaciones legales para sancionar a los responsables, y una evidente falta de coordinación interagencial.
Asimismo, se destacó la necesidad urgente de modernizar los sistemas tecnológicos de las agencias concernidas y de establecer mecanismos legales que permitan detener o congelar transacciones sospechosas de manera preventiva, algo que actualmente no está claramente autorizado por ley.
En respuesta a estos desafíos, se discutieron múltiples recomendaciones dirigidas a fortalecer el marco legal y operativo del país. Entre ellas, se propuso reforzar el Código Penal y varias leyes de Puerto Rico para establecer penas más severas y escalonadas contra los responsables de explotación financiera; tipificar agravantes específicas en casos donde exista abuso de confianza por parte de familiares, tutores o instituciones de cuido; y ampliar las disposiciones legales relacionadas al fraude digital.
También se recomendó fortalecer los protocolos interagenciales mediante la creación de procesos obligatorios de comunicación y seguimiento de casos, así como otorgar mayores facultades a las instituciones financieras para actuar ante sospechas fundadas de fraude.
“La explotación financiera de nuestros adultos mayores no puede seguir siendo un delito invisible ni impune. Esta mesa redonda representa un paso firme hacia la construcción de soluciones reales y coordinadas. Nuestro compromiso es claro: proteger a quienes tanto han aportado a nuestra sociedad y garantizar que vivan con dignidad, seguridad y respeto”, expresó la senadora Wandy Soto Tolentino.
La senadora reafirmó su compromiso de continuar impulsando medidas legislativas basadas en los hallazgos de esta investigación, así como continuar promoviendo la colaboración entre el gobierno, el sector privado y las organizaciones sin fines de lucro para erradicar este tipo de abuso.
“Este esfuerzo no termina aquí. Vamos a traducir estas recomendaciones en acción concreta, en legislación efectiva y en políticas públicas que verdaderamente protejan a nuestra población de edad avanzada. No podemos permitir que el silencio, el miedo o la burocracia sigan siendo obstáculos para hacer justicia”, concluyó.
