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El Senado aprobó la Resolución del Senado 171, radicada por el senador del Distrito de Mayagüez-Aguadilla, Jeison Rosa Ramos, la cual ordena una investigación exhaustiva sobre el estado actual y el funcionamiento del Programa de Educación Agrícola del Departamento de Educación de Puerto Rico. Esta medida busca evaluar a fondo un pilar fundamental para el futuro agrícola de la isla.
La Resolución del Senado 171 encomienda a la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado a examinar diversos aspectos del programa, incluyendo datos sobre su matrícula, la cantidad de escuelas participantes, el currículo académico, la asignación y el uso de fondos presupuestarios, el personal docente y técnico, así como las proyecciones del Departamento de Educación para fortalecer o modificar el programa.
“Es un hecho alarmante que más del 85% de los productos alimenticios que consumimos en Puerto Rico sean importados”, afirmó el también presidente de la Comisión de Agricultura del Senado. “Esta fuerte dependencia nos obliga a incentivar y visibilizar las trayectorias agrícolas desde edades tempranas. La educación agrícola escolar es una herramienta vital para crear conciencia y capacitar a nuevas generaciones en la agricultura, la agroindustria y la sostenibilidad ambiental”.
Históricamente, el Programa de Educación Agrícola ha sido crucial para promover el conocimiento técnico y práctico en el campo de la agricultura entre la juventud puertorriqueña. Miles de estudiantes se han beneficiado de experiencias educativas que desarrollan destrezas en producción agrícola, manejo de recursos naturales, agronegocios, liderazgo y desarrollo comunitario.
Sin embargo, en los últimos años se ha observado una aparente reducción en el alcance del programa, con informes preliminares que sugieren una posible disminución en el número de escuelas que lo ofrecen, limitaciones en el personal especializado, recortes presupuestarios y la necesidad de actualizar el currículo.
El desarrollo de la agricultura sostenible, el relevo generacional en el sector y la necesidad de fortalecer la seguridad alimentaria local son temas estratégicos para la recuperación económica y ambiental de Puerto Rico. Ante este panorama, es deber de la Asamblea Legislativa fiscalizar y promover el fortalecimiento de programas educativos que estén alineados con las necesidades actuales y futuras de la isla.
La Comisión de Educación, Arte y Cultura deberá presentar un informe detallado con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones al Pleno del Senado en un plazo de 120 días a partir de la aprobación de esta Resolución.
