La Comisión de Gobierno, presidida por el senador Ángel Toledo López evaluó, en vista pública, el Proyecto del Senado 973, presentado por el presidente senatorial Thomas Rivera Schatz, que busca establecer la “Ley para la Protección Económica de Menores que realizan contenido digital monetizado”, con el fin de crear un marco legal para proteger a menores cuya imagen, voz o identidad generen ingresos en plataformas digitales.
“El título mismo establece con claridad que, se está buscando establecer la obligación de que se reserven ingresos de menores en alguna cuenta, en un fondo que sea a favor de ellos, para que naturalmente lo puedan utilizar en el momento en que ya sí tengan esa capacidad para utilizarlo”, expresó el senador Toledo López.
La medida obliga a que todo padre, madre, tutor o encargado que administre contenido digital monetizado donde participe un menor reserve, en un fideicomiso a nombre del menor, al menos un treinta por ciento (30%) del ingreso bruto generado, pudiendo aumentar hasta un cincuenta por ciento (50%) cuando el menor sea la figura principal o constante del contenido. Ese fondo deberá ser administrado por una institución financiera acreditada en Puerto Rico y no podrá retirarse hasta que el menor cumpla los veintiún (21) años, salvo autorización judicial.
Al cumplir los veintiún (21) años, la persona tendrá derecho a recibir la totalidad de los fondos acumulados en su fideicomiso junto con los intereses generados, a reclamar judicialmente cualquier ingreso que no haya sido depositado conforme a la ley y a solicitar la eliminación del contenido digital en el que haya participado durante su minoría de edad, conforme a los procesos que se establezcan en coordinación con las plataformas digitales.
Cabe resaltar que, el proyecto define como contenido digital monetizado aquel que genera ingresos directos o indirectos, incluyendo anuncios, suscripciones, promociones, patrocinios, enlaces de afiliación o ventas de mercancía o productos. Asimismo, aclara que la ley no aplicará a coberturas noticiosas o documentales donde el menor aparezca de forma incidental, a usos educativos o escolares sin fines de lucro, ni a apariciones esporádicas en espacios públicos donde no exista monetización directa o indirecta atribuible a la imagen del menor.
Durante los trabajos de la vista pública, la doctora Zayana Figueroa en representación de la Asociación de Psicología de Puerto Rico, avaló la intención de la medida pero recomendó fortalecerla regulando el tiempo de exposición y las condiciones de grabación que haga el menor, por lo que sugirió facultar al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos a establecer límites diarios de grabación y edición, asegurando que esta actividad no afecte el rendimiento escolar, el descanso ni las necesidades recreativas del menor.
Además, propuso que los programas educativos contemplados en la medida incluyan un enfoque en resiliencia emocional, orientando a padres y cuidadores sobre cómo el manejo de métricas como seguidores o “likes” puede impactar la autoestima del menor. También recomendó que la reglamentación incorpore mecanismos de fiscalización directa con las plataformas digitales para identificar cuentas monetizadas y que se exijan medidas de moderación activa y filtros de comentarios, a fin de proteger la estabilidad emocional del menor frente a la exposición y posibles dinámicas de toxicidad en el entorno digital.
Ante esto, la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA), representada por la doctora Greisa Ramos, sugirió crear disposiciones dentro del lenguaje del proyecto, para la promoción del bienestar emocional de menores, como evaluaciones periódicas y acceso a servicios de apoyo psicológico cuando sea necesario. Por su parte, la licenciada Nicole Báez en representación del Departamento de la Familia igualmente se posicionó a favor del proyecto, aunque recomendó considerar que se “contenga una asignación presupuestaria para sufragar los costos de implementación de los programas educativos propuestos”.
En cuanto a términos económicos, la licenciada Zoimé Álvarez Rubio, presidenta y principal ejecutiva de la Asociación de Bancos de Puerto Rico explicó que un fideicomiso es una figura compleja en composición y administración, por lo que no recomendó su uso; además de que la medida no cuenta con definiciones específicas dentro del fideicomiso como lo es “institución financiera acreditada”. Asimismo, tampoco aparece la definición de una “cuenta protegida”, siendo este otro de los vehículos dispuestos en el proyecto.
Durante un turno de preguntas, la senadora María de Lourdes Santiago Negrón auscultó la posibilidad de la utilización de otro tipo de cuentas ya existidas, a lo que el licenciado José Carrasquillo, asesor legal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF), explicó que la mejor solución, tomando en cuenta el proyecto ya redactado, es que se añada la definición de “cuenta protegida”.
Ante esta situación la licenciada Álvarez Rubio, indicó que los bancos pueden diseñar un producto de depósito que atienda el fin de la medida. “En estos casos, la medida deberá disponer cómo y quién fiscalizará y responderá, por el cumplimiento de los requisitos establecidos en el proyecto relativos a los ingresos percibidos por el menor”, añadió.
El presidente de la Comisión solicitó a las agencias comparecientes que sometan documentación adicional sobre los posibles efectos psicológicos que podría enfrentar un menor al participar de manera constante en contenido digital monetizado. Durante la discusión, el senador Toledo planteó un escenario hipotético para ilustrar su preocupación sobre las consecuencias emocionales.
“Imaginemos que un niño empieza a ver que el programa está generando más likes y más dinero, pues entonces ahora no quiero jugar con mis compañeros, ni jugar con mis hermanos, porque yo quiero estar pegado a la computadora, porque es que eso me genera likes y me genera ingresos. ¿Hasta qué punto, más allá de la dependencia, podemos estar creando un problema psicológico y mental?”, expresó el legislador.
