La Comisión de Salud del Senado, presidida por el senador Juan Oscar Morales, inició hoy la evaluación del Proyecto del Senado 971, una medida que busca crear la “Ley para la Regulación Integral de los Servicios Estéticos y Sueroterapia en Puerto Rico” para establecer una política pública clara sobre procedimientos que impactan la salud de la ciudadanía, igualando la legislación con 48 estados que ya cuentan con políticas y prácticas estéticas reguladas.
Durante este primer encuentro, compareció Roberto Pérez Báez, presidente del Colegio de Especialistas en Belleza de Puerto Rico; Romary Rodríguez Rojas, presidenta de la Asociación Pro-Colegio de Esteticistas de Puerto Rico y la profesora Glendaliz Alicea Rodríguez de Gold Goddess Skin Institute.
La pieza legislativa surge como una respuesta urgente ante la proliferación desordenada de centros de estética, «med spas» y establecimientos de sueroterapia que operan en la Isla sin parámetros regulatorios definidos. El senador Morales denunció que ha recibido información alarmante sobre clínicas clandestinas que operan en la total informalidad, las cuales, ante la ausencia de supervisión, han ocasionado daños físicos severos a personas que acuden a estos lugares buscando soluciones estéticas de bajo costo por desconocimiento de los riesgos.
El legislador afirmó que “no podemos permitir que la búsqueda de un tratamiento estético se convierta en una tragedia por la falta de supervisión profesional. Este proyecto pretende proteger la vida y la salud pública de nuestra gente frente a prácticas que operan al margen de la ley”.
El proyecto propone controles estrictos sobre la formación del personal y la infraestructura, exigiendo áreas de preparación estéril y equipo para emergencias. “Este proyecto no busca limitar la empresa, sino garantizar que quien se someta a un procedimiento lo haga en un ambiente seguro, con productos autorizados y bajo la supervisión de un profesional de la salud debidamente licenciado”, sostuvo Morales.
La medida busca erradicar complicaciones asociadas a prácticas realizadas por personal sin capacitación clínica, un problema que ya ha sido alertado por autoridades federales. Este esfuerzo da continuidad a la labor de la Comisión de Salud, que anteriormente investigó la práctica ilegal de la dermatología bajo la Resolución del Senado 107.
El senador Morales enfatizó que “al igual que detectamos riesgos graves en la práctica ilegal de la dermatología, el Proyecto del Senado 971 viene a cerrar las brechas legales que permiten el ejercicio no autorizado de la medicina estética en la Isla”.
La medida otorga al Departamento de Salud la facultad de realizar inspecciones no anunciadas y emitir órdenes de cese inmediato. El proyecto establece que la ausencia de un marco legal específico en Puerto Rico ha abierto la puerta a intervenciones con potencial riesgo debido a los productos inyectables y soluciones intravenosas que se utilizan.
Finalmente, el senador adelantó que las próximas audiencias profundizarán en el consentimiento informado y en la creación de un registro de complicaciones adversas. La ley propuesta impone penalidades administrativas de hasta diez mil dólares por infracción, además de la posible revocación de licencias y el cierre permanente de establecimientos.
“Estamos ante una situación crítica que requiere una intervención firme para asegurar que los servicios de salud estética en Puerto Rico cumplan con los más altos estándares de seguridad y transparencia”, concluyó el senador Morales.
