El legislador municipal del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) en Salinas, Emilio Nieves Torres, denunció que la Legislatura Municipal de Salinas se apresta a aprobar este próximo miércoles una ordenanza para que empleados de carrera, transitorios y de confianza, con 10 años de servicio o más, reciban un incentivo de 10 mil dólares ($10,000) al acogerse al retiro voluntario, lo que agravaría la crisis fiscal del municipio. Según el legislador del PIP, sin aun ser aprobada la ordenanza ya le enviaron cartas a los empleados municipales en la cual le indican que tienen hasta el 2 de junio para solicitar este incentivo. “Presionan a los empleados para que soliciten el incentivo sin conocer las condiciones que establece la ordenanza y las implicaciones que tiene. Esta ordenanza se presta para que empleados que llevan 10 años de servicio, renuncien con $10,000 en los bolsillos y busquen otro empleo en la empresa privada o en otras agencias públicas, porque no lo prohíbe la ordenanza. Incluso establece que, transcurridos 10 años de su retiro, pueden solicitar empleo o ser reclutados en el Municipio de Salinas”, explicó Nieves Torres. El legislador añadió que con toda probabilidad “empleados de confianza se van con el incentivo y ocupan un puesto en el gobierno o en otro municipio, porque tienen los contactos. A esto se añade que se les pague la liquidación de licencia por enfermedad y de vacaciones, sin tener la más mínima información de cuál es la cantidad de fondos municipales que se requiere para realizar estos pagos, adicionales a los $10,000.” Según el líder del PIP esta ordenanza carece de un análisis de impacto fiscal y no se ajusta al marco legal que rige estas medidas. “Esta es una medida que no se ajusta a la política pública en la cual se ha ofrecido este retiro incentivado a personas que llevan 25, 30 y hasta 35 años en el servicio público. Así ha ocurrido con empleados que les aplica la Ley 447 de 1951, porque trabajaban en el gobierno y en los municipios antes del año 2000. Actualmente el gobierno, mediante acuerdo con la Junta de Control Fiscal, establece que la plaza a la cual se renuncia tiene que ser congelada para que realmente represente un ahorro para el municipio. No concurro con este tipo de acuerdo con la Junta, pero los municipios y el Estado se han sometido incondicionalmente a la voluntad de esta. La realidad es que esto implica que a los empleados que permanecen en el municipio les asignan tareas adicionales que corresponden a los puestos vacantes causados por el retiro voluntario”, aseveró Emilio Nieves. Finalmente, Nieves Torres enfatizó la falta de prudencia de la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón al proponer un retiro incentivado sin mucho análisis ni evaluación. “Evidentemente, la administración municipal de Salinas es un ejemplo más de que ante la crisis fiscal actúan irresponsablemente otorgando excesivos donativos, poniendo en peligro el empleo de los trabajadores municipales y el servicio a la ciudadanía. La administración de fondos municipales requiere establecer prioridades y planificación financiera,” concluyó el legislador municipal.
