El abandono de adultos mayores en los centros hospitalarios de la isla se ha convertido en una situación alarmante, razón que movió a los representantes José Cheito Rivera Madera y al Presidente del Partido Popular Democrático, el Representante Jesús Manuel Ortiz, ha presentar una medida que impondría penas a los responsables, al catalogar la acción como delito. Según datos provistos, al menos 3,763 adultos mayores vulnerables, con edad de 60 años o más, han sido abandonados en instituciones médico-hospitalarias desde 2017. “La Asociación de Hospitales de Puerto Rico, así como administradores de dichas entidades han catalogado este asunto como un creciente patrón de abuso con una marcada mayor tendencia de abandono hacia los pacientes de salud mental. A nuestro juicio esta accción no solo es deplorable sino inhumana”, señaló Rivera Madera, autor de la medida. La pieza legislativa impondría responsabilidad a cualquier familiar, tutor legal o legalmente obligadas, así como a toda persona que esté a cargo de cualquier adulto mayor para su atención, cuidado o asistencia, y le abandone o deje en cualquier lugar, incluyendo instituciones médico-hospitalarias, con el propósito de desampararle o cuando como resultado del acto de abandono se ponga en peligro la vida, salud, integridad física o indemnidad sexual de la persona adulta mayor. El Representante explicó que cuando el adulto mayor que recibe el alta médica provenga de un hogar de cuido, este último tendrá la responsabilidad incondicional de recibirlo nuevamente. “En los casos donde el adulto mayor requiera atención especializada 24 horas que no puede ser provisto por el hogar de cuido, será de absoluta responsabilidad de este (hogar) localizar o proveer a las agencias pertinentes la información disponible para localizar a los familiares, tutores legales o personas legalmente responsables de este paciente”, explicó Rivera Madera. “La institución médico-hospitalaria vendrá obligada a querellarse ante el Negociado de la Policía de Puerto Rico y hará disponible la información para que el Negociado colabore en el proceso de encontrar a la persona responsable del adulto mayor”, añadió el Legislador. Por su parte el representante Jesús Manuel Ortiz, coautor de la medida, expreso que, “esto es un problema que nos atañe a todos y que se trata de un problema de justicia social para nuestros viejos. Este proyecto, representa un paso fundamental hacia la protección y el respeto que merecen todos los seres humanos, en especial nuestros adultos mayores. Debemos atender esta crisis con sensibilidad para garantizar una mejor calidad de vida a nuestra gente. Como presidente de la Comisión de Gobierno, le daremos paso inmediato a este proyecto tan importante para nuestra gente”, sostuvo el también candidato a Gobernador. “Además, tanto el Departamento de la Familia como la Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada, deberán conducir las investigaciones necesarias para fijar responsabilidad, de ser necesario”, puntualizó Rivera Madera. Una vez convertida en ley esta legislación, será el Departamento de Justicia el responsable de incoar las acciones legales correspondientes en contra de un familiar, tutor legal o las personas legalmente obligadas de la persona adulta mayor para recobrar los fondos invertidos por el Estado, los cuales se han estimado en hasta 70 millones de dólares al año.
