La Asociación de Relacionistas de Puerto Rico (ARPR) no avala la aprobación del P. del S. 6 que busca crear la ‘Ley de reconocimiento universal de licencias ocupacionales y profesionales en Puerto Rico’ porque contiene disposiciones que, lejos de mejorar el sistema, pueden socavar la calidad, el valor y la integridad del ejercicio profesional en la isla.
“Desde el inicio de este cuatrienio se han estado presentando proyectos de ley que, aduciendo a la agilidad y al crecimiento de la economía local, buscan debilitar o pretenden eliminar algunos estándares del ejercicio profesional en Puerto Rico. No es la primera vez que se traen proyectos de ley que luego resultan en otra cosa. Este, es uno de esos casos”, indicó Marisa Vega, APR, presidenta de la ARPR.
Para los relacionistas, que son estrategas de comunicación y su función es establecer entendimiento entre las personas u organizaciones y sus públicos, el proyecto de ley trae disposiciones que generan preocupación para cualquier profesión, como la suya, que está regida por principios éticos, formación rigurosa y responsabilidad pública.
Entre estas están el reconocimiento sin reciprocidad, el reconocimiento de experiencia sin licencia formal, las licencias provisionales automáticas, la aprobación automática por inacción de las juntas reglamentadoras y que esta ley prevalecerá sobre todas las demás.
El proyecto busca reconocer licencias profesionales y ocupacionales emitidas en otras jurisdicciones de EE. UU., pero no establece ninguna garantía de reciprocidad. Esto significa que profesionales licenciados en Puerto Rico no obtienen, por esta ley, un acceso igual al ejercicio en otras jurisdicciones, pero cualquiera puede venir a hacerlo aquí.
El reconocer experiencia sin licencia formal permite que personas que hayan ejercido una ocupación durante tres años en algún estado -aunque nunca se hayan licenciado- puedan solicitar licencia aquí. Esto incluye casos donde en ese estado no se exigía ninguna certificación formal. Si una persona nunca siguió el proceso de licencia, por las razones que sean, se le permitiría hacerlo en Puerto Rico. Más peligroso aún es que se le podría abrir la puerta a impostores de cualquier profesión que pudieran atentar, inclusive, a la seguridad pública de la isla.
La ARPR reconoce la importancia de facilitar la movilidad laboral, pero rechaza que se haga a costa de eliminar los estándares que garantizan la calidad y la ética profesional. “El proyecto envía un mensaje desalentador a los jóvenes que invierten años en su formación profesional, restándole valor al esfuerzo académico y fomentando la fuga de talento local. Este proyecto devalúa la educación, desincentiva el esfuerzo y puede empujar a nuestros mejores talentos a irse de Puerto Rico,” sentenció Vega.
Respecto a las licencias automáticas, sólo con radicar una solicitud el aspirante obtiene de inmediato una licencia provisional por 30 días para comenzar a ejercer, aunque el proceso de verificación esté aún incompleto. Esta medida aplica por igual a profesiones de alto impacto público, en áreas como salud, arquitectura o las relaciones públicas. Y, si en 30 días la Junta Reglamentadora no emite una decisión, la licencia se concede automáticamente. Si no actúa en 30 días adicionales, la licencia deja de ser provisional y se convierte, en definitiva. Esto debilita el valor mismo de la licencia profesional como símbolo de competencia validada y ética certificada y se puede usar esto como un subterfugio.
Y respecto a la prevalencia de esta ley, el proyecto establece que, una vez aprobada, esta tendrá supremacía sobre cualquier otra legislación vigente relacionada con licencias ocupacionales o profesionales. Es decir, cambiaría todo el marco regulatorio del país.
Cada país tiene su marco legal que rige todo lo social, lo profesional y lo económico y eso siempre hay que tenerlo en mente para que pueda prevalecer la transparencia y el orden. Puerto Rico es una jurisdicción diferente a los estados. No se puede copiar cada ley que se hace en los EE. UU. La evaluación debe centrarse en investigación y análisis geográfico, demográfico y social.
“Debemos tener mucho cuidado con estas cosas. No siempre lo que viene de afuera es mejor. ¿Qué garantías hay de que esas personas estén capacitadas ética, legal y profesional o técnicamente para ejercer aquí? No se puede abrir esa puerta. No podemos seguir debilitando las profesiones en Puerto Rico bajo el argumento de facilitar la movilidad laboral, fomentar la economía y atender la escasez de profesionales en ciertas áreas. Esto plantea una reforma estructural que requiere una reflexión más profunda más allá del lenguaje técnico y las intenciones declaradas”, concluyó Vega.
