Como respuesta al aumento de incidentes de violencia y criminalidad en los municipios de Cayey y Cidra, fue radicada en la Cámara de Representantes la Resolución de la Cámara 583, la cual ordena realizar una investigación exhaustiva sobre la situación de seguridad pública en ambos municipios.
La medida fue preparada y radicada por petición de los líderes del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en Cayey y Cidra, José Carlos Rivera Santiago y Rebecca Cotto Morales, ante la preocupación creciente de las comunidades por el deterioro de la seguridad y la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.
La resolución fue presentada formalmente por las representantes Adriana Gutiérrez y Nelie Lebrón, junto al representante Denis Márquez, de la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño, quienes acogieron la iniciativa y la radicaron en el cuerpo legislativo.
“La seguridad de nuestra gente no puede seguir siendo un asunto secundario. Esta investigación es un paso necesario para exigir transparencia, identificar fallas y garantizar soluciones reales para Cayey y Cidra”, expresó Rivera Santiago, quien aspiró a la alcaldía de Cayey en las elecciones de 2024.
La investigación ordenada mediante esta resolución examinará los incidentes de violencia y criminalidad recientes que han alterado la sana convivencia y generado preocupación entre residentes, comerciantes y familias. Asimismo, evaluará los planes de seguridad existentes, las partidas presupuestarias asignadas y la coordinación entre los municipios, las agencias de seguridad y los liderazgos comunitarios, con el fin de identificar deficiencias y proponer acciones concretas ante el deterioro de la seguridad pública registrado durante los años 2024 y 2025, así como al inicio del 2026.
Como parte del proceso investigativo, según se desprende de la resolución, la Comisión de la Región Sur contará con el insumo y la participación de los alcaldes de Cayey y Cidra, la Policía Estatal y Municipal, el Departamento de Seguridad Pública, líderes comunitarios, organizaciones vecinales y entidades sin fines de lucro, entre otros sectores pertinentes.
“La tranquilidad de nuestras comunidades merece prioridad. Esta resolución busca convertir la preocupación ciudadana en acciones concretas y soluciones medibles”, añadió Cotto Morales, actual coordinadora del Distrito de Guayama del MVC.
La Comisión de la Región Sur deberá rendir un informe con sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones en un término no mayor de 180 días a partir de la aprobación de la Resolución.
