Ante la crisis por adicción a opioides, el Departamento de Salud (DS) endosó esta tarde una medida atendida en vista pública de la Cámara de Representantes para imponer que los frascos de medicamentos despachados con opioides posean una advertencia para conocimiento de los pacientes. Se trata del Proyecto de la Cámara 12, presentado por el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el representante Gabriel Rodríguez Aguiló con el fin de crear el lenguaje que llevará la etiqueta del medicamento, entre otras reglamentaciones bajo la supervisión del DS. “Tenemos un problema muy serio con los opioides no tan solo en Puerto Rico, sino a nivel mundial. Lo que se busca es tener mayor seguridad con el manejo de estos productos. Esa es la intención legislativa”, expresó Rodríguez Aguiló, presidente de la Comisión de Salud. Durante la audiencia, el secretario auxiliar de Regulación de la Salud Pública, Kevin Rojas, presentó un modelo utilizado en la jurisdicción de Nueva Jersey que incorporó una rotulación en la tapa de los envases para alertar sobre los opioides u opiáceos presentes en los medicamentos. La recomendación de conformar este diseño en Puerto Rico fue acogida positivamente por la comisión cameral. “Desde la perspectiva salubrista, entendemos que representaría una contribución significativa al bienestar y la calidad de vida de nuestra población”, indicó Rojas, quien aseguró que dentro de la agenda de prioridad en el DS está la atención a las adicciones de opioides. Según datos compartidos por la agencia, el Sistema de Monitoreo de Eventos de Sobredosis de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) reflejó 252 eventos de sobredosis revertidas atendidas por primeros respondedores durante el 2024, de los cuales 220 mencionan la implicación de opioides. Asimismo, 216 personas fueron admitidas ese año a algún programa de tratamiento provisto por la ASSMCA por el uso de opioides. Sin embargo, la Asociación de Farmacias de la Comunidad se opuso a la medida legislativa al considerar que resulta redundante y podría poner “cargas onerosas” a las farmacias. La directora ejecutiva de la entidad, Linda Ayala, subrayó que la Ley de Sustancias Controladas y Ley de Farmacia de Puerto Rico ya establecen “rigurosos controles” y advertencias para la dispensación de medicamentos controlados. Además, indicó que la organización cuenta con el Programa de Monitoreo de Recetas de Medicamentos Controlados, que ha sido una herramienta efectiva para detectar patrones de uso indebido y prevenir el desvío de estas sustancias. Ayala señaló en su ponencia que serán las farmacias comunitarias las encargadas de asumir los costos asociados a la adquisición, impresión y cumplimiento de las especificaciones que determine el DS sobre las etiquetas. “En momentos en que el sistema de salud enfrenta retos económicos y cuando las farmacias comunitarias ya luchan por mantenerse operativas ante los altos costos y la competencia desleal de grandes cadenas, imponer esta obligación adicional resulta perjudicial tanto para el sector farmacéutico como para los consumidores que dependen de estos servicios”, manifestó la directora ejecutiva de la Asociación de Farmacias de la Comunidad. 
