Líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) de Salinas refutaron los alegados logros reclamados por la alcaldesa Karilyn Bonilla Colón en una reciente entrevista y revelaron los datos omitidos por la mandataria municipal.
Uno de los logros reclamado por la alcaldesa es haber estabilizado las finanzas municipales, transformando el déficit económico en un superávit.
“Esta supuesta estabilización de las finanzas y el superávit están sostenidos en varios préstamos y en ayudas temporeras otorgadas al municipio tras el paso de los huracanes, terremotos y la pandemia del covid”, dijo Litzy Alvarado Antonetty, candidata a la alcaldía de Salinas por el PIP.
“La verdad es que en tres Resoluciones aprobadas por la Legislatura Municipal para solicitar préstamos millonarios a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencia (FEMA, en inglés), la actual alcaldesa reconoce que su administración está en aprietos financieros y que no tiene fondos para continuar con las operaciones básicas y esenciales. Los servicios que peligran son los de salud, seguridad, recogido de desperdicios, entre otros”, añadió.
Un dato revelador, según la líder del PIP, es que Bonilla Colón reconoce en su entrevista que tardó “de cinco a seis años” en poner los números en negro, adjudicándose un superávit.
“Esto es evidencia de nuestro planteamiento, pues la actual alcaldesa reconoce que fue luego del huracán María que logró ese inesperado superávit. Lo que no dice Karilyn Bonilla es que entre 2013 y 2017, los años previos al huracán María, el déficit municipal aumentó de $1,802,857.00 a $4,275,387.00, o un 137.1%. Parte de eso se debió a las constantes fallas en las proyecciones de recaudos que ha afectado siempre a esta administración”, comentó Litzy Alvarado, quien también fue legisladora municipal.
La candidata del PIP reconoce que Karilyn Bonilla ha tenido aciertos en algunos proyectos “pero, la realidad es que la mitad de nuestra gente sigue viviendo bajo el nivel de pobreza y mucha gente tuvo que perder sus casas, irse fuera del país o incluso morir después del huracán María para que ahora la alcaldesa inaugure algunos proyectos con fondos de FEMA”.
Otros temas controversiales que ha confrontado la alcaldesa, y que afectan a los vecinos de Ranchos Guayama, son la propuesta de un campo de tiro y las cenizas tóxicas de carbón enterradas en las calles de la comunidad.
Sobre el polígono de tiro, Karilyn Bonilla aseguró que el municipio no ha endosado el controversial proyecto.
Sin embargo, José Cora Collazo, líder comunitario de Ranchos Guayama y candidato a la legislatura municipal por el PIP, aseguró que inicialmente sí hubo un apoyo de la alcaldesa.
“Aunque la alcaldesa afirmó que el municipio no endosa el campo de tiro, esa postura la asumió después de que la comunidad protestara frente a la alcaldía y lleváramos con firmeza nuestro reclamo a una sesión de la legislatura municipal de Salinas. El municipio estaba al tanto de la situación, ya que la primera maquinaria utilizada en el lugar era maquinaria del municipio. Además, el proponente del proyecto, Ariel Torres Meléndez, presidente de CODEPOLA, se jactaba diciendo que la alcaldesa de Salinas y el alcalde de Guayama apoyaban su proyecto”, aseguró Cora Collazo.
Este también criticó la falta de acción de la actual alcaldesa para apoyar y proteger a la comunidad.
“Si bien es cierto que la Oficina de Permisos emitió una orden de cese y desista, y envió una carta revocando el endoso del proyecto a petición de los residentes de Ranchos Guayama representados por Acción Social y Protección Ambiental (ASPA), la querella lleva tres años en la Oficina de Permisos sin resolverse. La alcaldesa y el director de Permisos en Salinas, José Collazo Machado, alegan que no tienen jurisdicción, lo cual es falso. La Ley 161 sobre los Procesos de Permisos, en su Artículo 14.1, otorga al municipio la facultad para actuar contra violaciones de construcciones sin autorización o violaciones de permisos otorgados por OGPe, como el permiso de limpieza de corteza terrestre que Ariel Torres violó. Si la alcaldesa realmente no apoya el campo de tiro, debería solicitar la imposición de multas y exigir la restauración de los terrenos”, manifestó José Cora.
Sobre el proyecto de reconstrucción de las calles en Ranchos Guayama y las cenizas tóxicas de carbón allí enterradas, el líder comunitario aseveró que la posición de la alcaldesa es contradictoria y carece de transparencia.
“Primero aseguró que las cenizas de carbón serían removidas de las calles, luego dijo que no tenía fondos para sacarlas. Incluso, el proyecto de ordenanza que ella aprobó en el 2013, que fue presentado por el legislador municipal del PIP en aquel momento, para prohibir el uso de las cenizas de carbón decía que las cenizas eran tóxicas, y ahora la alcaldesa dice que no son tóxicas luego de gastarse $80,000.00 de fondos municipales en un análisis deficiente”, explicó.
Finalmente, Litzy Alvarado mencionó los reclamos que miembros de la Policía Municipal le hicieron llegar, luego de analizar las expresiones públicas de la actual alcaldesa.
“La alcaldesa dice que uno de sus logros fue profesionalizar la Policía Municipal, no obstante, las condiciones de trabajo parecen no ser las mejores. Según las confidencias que recibí, los agentes no tienen fuente de agua en el cuartel, por lo que cada uno tiene que suplir su botella de agua y quizás ponerla a enfriar en una neverita en el área del retén.”
“También me informaron que el aire acondicionado de las oficinas no funciona eficazmente, y que incluso hay lugares, como el salón donde entrevistan a los querellantes y el área del retén, que los aires filtran y las paredes están llenas de hongo por la humedad. Esto pone en peligro la salud de los policías y las personas que son atendidas”, concluyó Litzy Alvarado.
