Líderes del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) se solidarizaron con la comunidad de Playuela en Aguadilla en su firme oposición a la construcción de una torre de telecomunicaciones en la calle Macetazo.
Héctor Santaella, candidato a Representante por el Distrito 17 y Secretario de Asuntos Ambientales del PIP de Aguadilla, expresó que existe una preocupación legítima de los residentes sobre los posibles impactos ambientales y sociales de este proyecto propuesto por la empresa JI Site Developers LLC.
«Nos unimos a la convocatoria para proteger el entorno y la calidad de vida de esta comunidad, y hacemos un llamado urgente a las agencias gubernamentales pertinentes para que inicien una investigación exhaustiva sobre este proyecto», expresó Héctor Santaella.
El líder del PIP insistió en la evaluación de todas las posibles repercusiones de la construcción y que se asegure la transparencia en todo el proceso.
«Instamos a que se consulte a la comunidad de Playuela, permitiendo que sus voces sean escuchadas y consideradas en la toma de decisiones, conforme a los principios de participación ciudadana. La comunidad de Playuela merece ser tratada con respeto y consideración en este proceso.», expresó Santaella, quien es también residente de la comunidad afectada.
La Ley Núm. 89 del 6 de junio del 2000, según enmendada, establece la importancia de la consulta y participación ciudadana en proyectos que puedan afectar el entorno y la vida de las comunidades.
Por otra parte, el Presidente y candidato a la alcaldía de Aguadilla por el PIP, Héctor Rivera, expresó su apoyo incondicional a la comunidad y exigió a la administración municipal de Aguadilla que tome cartas en el asunto y haga lo correcto: cancelar el permiso de construcción de la antena inmediatamente.
«Esta acción es esencial para proteger los intereses de los residentes y mantener la integridad del entorno natural de Playuela. Es imperativo escuchar y resolver esta problemática sobre la construcción desmedida y proliferación de antenas que colindan con las viviendas, así como el abuso hacia la comunidad de Playuela. La administración municipal debe actuar con responsabilidad y en favor de los ciudadanos. El PIP reafirma su compromiso con la defensa del bienestar de las comunidades y el medio ambiente en Puerto Rico», finalizó Rivera Viera.
