El Capítulo de Trabajadores Jubilados de ProSol-UTIER entregó una carta en Fortaleza solicitando una reunión con el gobernador, Pedro Pierluisi, para pedirle intervención en el pago de una demanda judicial a favor de aproximadamente setecientos (700) empleados y jubilados del Departamento de la Familia, quienes aún esperan el pago de salarios adeudados desde que se dictó sentencia hace 14 años.
“La demanda, presentada el 23 de febrero de 2005 resultó en una sentencia favorable para los demandantes el 16 de septiembre de 2010. Sin embargo, a pesar del fallo, una gran cantidad de empleados y jubilados de las administraciones de ADFAN y ADSEF aún no han recibido el pago correspondiente. Nos encontramos ante una situación de grave injusticia y discrimen. Mientras otras administraciones como ASUME y ACUDEN ya han recibido el pago, los compañeros de ADFAN y ADSEF siguen esperando, muchos de ellos en condiciones críticas de salud o con pensiones insuficientes”, explicó Ariel Aulet Lebrón, presidente de ProSol-UTIER, Capítulo de Trabajadores Jubilados
El líder sindical resaltó que la mayoría de los que esperan por cobrar sus salarios son mayores de 65 años, algunos han fallecido, otros se encuentran en condiciones médicas severas y otros con una pensión de miseria y que esperan cobrar lo que les corresponde antes de terminar su vida terrenal.
En la carta entregada a la mano a Yolanda Díaz, ayudante del Gobernador, ProSol-UTIER detalló las gestiones realizadas, incluyendo reuniones con legisladores Jesús Santa y Lourdes Ramos, así como con líderes de agencias gubernamentales como Juan Carlos Blanco Urrutia de OGP y Cienni Rodríguez Troche, secretaria de la Familia, quien identificó once millones de dólares destinados al pago de la sentencia.
«Hemos hecho múltiples acercamientos con representantes del gobierno, incluyendo a la Dra. Ruthnessy Corrás de Fortaleza, quien se comprometió a honrar el pago completo a los demandantes, pero hasta ahora no se ha concretado ninguna acción,» añadió Aulet Lebrón.
ProSol-UTIER reiteró su solicitud de una reunión urgente con el Gobernador para discutir la situación y exigir el cumplimiento de la sentencia.
«Estos servidores públicos merecen recibir lo que les corresponde por su labor antes de que sea demasiado tarde,» concluyó el presidente de la organización.
