La Asociación de Energía Solar y Almacenamiento (SESA, por su siglas en inglés) advirtió este sábado que aprobar el impuesto solar de 11.5 % propuesto en la reforma contributiva frenaría el acceso a sistemas de energía fotovoltaica para familias con ingresos bajos y moderados, grupo que compone más de la mitad de los clientes de medición neta en Puerto Rico.
El director de Política Pública de SESA, Javier Rúa, reclamó ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, presidida por el legislador Eddie Charbonier Chinea, mantener en el Código de Rentas Internas la exención al Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en los sistemas solares, tras asegurar que eliminar la dispensa causaría un golpe para esta industria que ha inyectado a la economía más de $6,000 millones en inversión privada.
“Añadirle más de 3,000 dólares al costo de un sistema solar promedio que esa misma clase media y sectores menos pudientes adquieren, e incluso subirle el pago mensual de arrendamiento solar a esas mismas familias, niega y neutraliza cualquier alivio contributivo”, manifestó Rúa en vista pública sobre el Proyecto de la Cámara 1014, que formaliza la reforma contributiva de la gobernadora Jenniffer González.
Para el ejecutivo, los sistemas solares con baterías son un bien de primera necesidad que han resultado ser “una historia de salvación colectiva” ante la condición de la red eléctrica . Según datos de SESA, existen 200,000 hogares puertorriqueños con sistemas solares que ya producen 1,400 megavatios (MW) a la red.
“La energía solar en Puerto Rico salva vidas y economías individuales”, enfatizó Rúa. “Las 200,000 familias que han instalado sistemas solares en sus techos y baterías en sus garajes literalmente han estado reconstruyendo la red eléctrica para el bien de todos”, agregó.
SESA detalló que, de prevalecer el impuesto solar, un sistema promedio con placas y baterías podría aumentar de $30,000 a más de $33,400. En el caso de los arrendamientos solares, utilizados por el 74 % de los clientes, el impacto sería inmediato: un pago típico de $200 mensuales incrementaría cerca de $23 al mes, equivalentes a $276 al año y más de $5,000 durante la vigencia de un contrato de 20 años.
El representante Charbonier Chinea, reiteró que la Cámara no dará paso a impuestos adicionales y se enmendará el proyecto para eliminar, de igual forma, el cobro del arbitrio de importación a vehículos híbridos o eléctricos.
A su vez, anunció que su meta es rendir un informe sobre la medida que sea aprobado por el pleno en o antes del 1 de febrero. Sin embargo, resaltó la urgencia de recibir los requerimientos de información que el componente fiscal debió entregar a la Comisión de Hacienda a las 5:00 p.m. del jueves, 22 de enero.
De no proveer las peticiones de los representantes este próximo lunes, 24 de enero, Charbonier Chinea adelantó que recurrirá a los tribunales para ejecutar la orden del cuerpo legislativo.
“La información que le pedimos a los secretarios es sumamente importante, porque eso nos va a llevar a identificar finalmente el número y las partidas que hacen falta”, puntualizó el legislador. “No comunicarse con las comisiones legislativas atrasa el proceso, y yo creo que todos queremos terminar esto lo antes posible”, añadió.
Charbonier Chinea afirmó que la reforma será implementada en el ciclo contributivo próximo a comenzar, pero insistió en que la legislación necesita tener un reemplazo de $550 millones para financiar las reducciones contempladas y recibir el aval de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).
El secretario de Hacienda, Ángel Pantoja, indicó que eliminar la exención del IVU en los sistemas solares supondría una fuente de $18 millones al fisco, pero la Asociación de Industriales opinó que el gobierno “fácilmente” puede conseguir esa partida del presupuesto del Fondo General ascendente a $13,095 millones.
La organización comentó que la medida tendría efectos negativos en el sector comercial e industrial al elevar costos de inversión, desalentar la adopción de tecnologías que reducen costos operativos y afectar la competitividad de las empresas.
“Industrias que están planificando o ya ejecutan proyectos de energía solar podrían tener que revisar sus presupuestos e incluso posponer inversiones, ya que los costos pueden aumentar notablemente”, dijo Denisse Flores, miembro de la Junta de Gobierno de los Industriales.
Por su parte, la Asociación de Constructores realizó un llamado a los legisladores para que se atienda en la próxima fase de cambios al sistema contributivo una reforma del modelo de arbitrios aplicados al desarrollo de proyectos de construcción.
El licenciado Rafael del Valle, abogado de la entidad, solicitó en su ponencia que se uniforme la estructura de costros de construcción que, a juicio de la organización, son onerosos para el desarrollo de vivienda en Puerto Rico.
“Solicitamos que se actúe con prontitud para reducir estos cargos y contribuciones si deseamos fomentar que más proyectos formales puedan desarrollarse para atender la necesidad acumulada de vivienda de nuestros jóvenes profesionales”, dijo el deponente.
El representante Charbonier Chinea informó que la Comisión de Hacienda celebrará una próxima vista pública el lunes con la citación del Colegio de Contadores Públicos Autorizados y la Asociación de Bancos. Durante la audiencia de esta tarde, participó una decena de representantes que incluyeron los portavoces de todas las delegaciones políticas, incluyendo los vicepresidentes de la Cámara.
