Como parte del poder político americano, el Congreso y el Presidente Trump ilegalizaron las peleas de gallos en Estados Unidos (EE.UU.) y en Puerto Rico. dentro del Acta de Mejoramiento Agrícola del 2018, la ley ilegaliza desde la posesión y venta de gallos de pelea hasta las espuelas usadas en ellos.
En la opinión de la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, los jueces sostuvieron esta ley. Estos concluyeron que el poder político americano puede controlar el comercio interestatal de USA y de sus territorios, y como las peleas de gallos envuelven la transportación de animales, personas, propaganda, esta prohibición es una regulación del comercio interestatal de EE.UU.
A pesar de que los demandantes argumentaron que esta ley estaba fuera de la clausura territorial, la Corte de Apelaciones no tocó esta pregunta. No obstante, la clausura territorial constitucional de USA autoriza al Congreso americano a disponer y formular todas las reglas necesarias con respecto al Territorio. Como disponer significa “deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse”, de seguro la Corte de Apelaciones hubiese llegado a una conclusión similar: “cállate, USA también puede deliberar, determinar, mandar lo que ha de hacerse en Puerto Rico”.
Esta no es la primera vez que EE.UU. le dice a Puerto Rico, “cállate, nosotros mandamos aquí”. Por ejemplo, bajo las administraciones penepeístas del 2012, 2017 y 2020, Puerto Rico participó en varios referéndums de estatus político. Sobre los referéndum del 2012 y 2017, el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. concluyó que las papeletas usadas eran ambiguas y por ende no representativas de la opinión publica. Antes del referéndum del 2020, DOJ similarmente concluyó que el referéndum de Estadidad Sí o No era más un capricho de la legislatura penepeísta en Puerto Rico, ya que dicho proceso era incompatible con las leyes de la Nación.
No obstante, a pesar de EE.UU. le ha dicho al gobierno penepeísta “cállate, nosotros mandamos en Puerto Rico”, estos afiliados políticos continúan rogando por su aceptación. Desde el 2012, por ejemplo, la base política penepeísta ha argumentado que indiscutiblemente la estadidad a ganado el apoyo popular en Puerto Rico. Pero si este es el caso, ¿por qué EE.UU. continúa ignorando sus súplicas de igualdad?
Me indigna observar las súplicas políticas del gremio penepeísta. ¿Cuántas bofetadas más este gremio está dispuesto a recibir cuando les quitan las espuelas y les dicen “cállate, nosotros mandamos en Puerto Rico”?
Cinco palabras para éstos: “la libertad no se suplica”.
