La Asociación de Psicología de Puerto Rico (APPR) expresó oposición parcial a las disposiciones que amplían el ingreso involuntario y el tratamiento compulsorio en el Proyecto de la Cámara 1007, una extensa propuesta legislativa que busca enmendar la Ley 408-2000 de Salud Mental.
En vista pública de la Comisión de Salud, presidida por el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, la entidad indicó que la legislación introduce cambios que le preocupan, como el uso de términos que pueden interpretarse como medidas represivas y “procesos acelerados” que no definen cómo se protegería la presunción de competencia mental del paciente.
“Toda reforma debe preservar la dignidad, la presunción de competencia y la alternativa menos restrictiva, evitando enfoques coercitivos o punitivos”, señaló la doctora Zayana Figueroa, coordinadora del Comité de Asuntos de Política Pública de la APPR.
La psicóloga consejera comentó que el proyecto de ley tampoco integra determinantes sociales como la pobreza, la violencia y el desempleo, algo que, a juicio de la organización, perpetúa la medicalización de problemas estructurales.
Durante la audiencia, el panel también compuesto por la Asociación de Hospitales y la Coalición Pro-Salud Mental coincidió en la necesidad de una respuesta clínico-policial para que cada intervención en crisis que involucre a la Policía de Puerto Rico sea coordinada y efectuada junto a un profesional de salud mental.
El representante Rodríguez Aguiló aseguró que esta recomendación será incorporada al vasto proceso de enmiendas que sufrirá la medida, que también añadirá protocolos para que los agentes del orden público reciban adiestramientos en salud mental.
Entre otros cambios, el legislador mencionó que se incorporará lenguaje para integrar a personal paramédico en las intervenciones y que el paciente sea evaluado en una sala de emergencias previo a su ingreso involuntario.
“Estamos tratando de conciliar la mayor cantidad posible de enmiendas donde tengamos, número uno, el paciente como un centro y que la intervención sea clínica, sobrepasando el tema económico”, expresó Rodríguez Aguiló, quien informó que la Comisión de Salud recogerá memoriales hasta el martes, 20 de enero, con la intención de continuar el análisis de la legislación que ha generado una notable discusión pública.
Por su parte, la representante Adriana Gutiérrez Colón se unió a las inquietudes respecto a las disposiciones que atienden el ingreso involuntario, al tiempo que cuestionó si las enmiendas presentadas mejoran el acceso a servicios preventivos o si requieren una mayor infraestructura de apoyo.
A sus preguntas, los deponentes manifestaron que es imperativo agregar una planificación de alta que evite la fragmentación del cuidado, reduzca el riesgo de recaídas y respete la autonomía terapéutica del paciente.
En ese contexto, la Asociación de Hospitales afirmó que el proyecto no atiende de forma concreta la necesidad de recursos de apoyo para pacientes vulnerables que no pueden realizar una transición segura debido a la falta de redes familiares, vivienda, cuido u otras condiciones socioeconómicas.
Sin embargo, la entidad comunicó que favorece la mayoría de los cambios propuestos en la medida al opinar que reflejan una intención de fortalecer los mecanismos de protección del paciente y promover prácticas actualizadas dentro del tratamiento de salud mental.
La organización también llamó la atención sobre la problemática del abandono de pacientes con condiciones de salud mental en los hospitales, especialmente en la población de adultos mayores.
“Desde la perspectiva hospitalaria, resulta imprescindible que cualquier reforma sustantiva al marco legal de salud incorpore guías, criterios y salvaguardas específicas que atiendan el abandono de pacientes y promuevan soluciones reales”, puntualizó el licenciado Pedro González, vicepresidente de la Asociación de Hospitales.
El Colegio de Médicos Cirujanos, Colegio de Profesionales del Trabajo Social, Universidad Carlos Albizu y Ponce Health Science University fueron citados a la vista pública, pero algunos de los deponentes pidieron ser excusados y otros no contestaron la convocatoria.
