El problema de vivienda asequible, especialmente para jóvenes profesionales y mujeres jefas de familia pudiera solventarse si el gobierno utiliza los terrenos de las escuelas cerradas, para impulsar la construcción de nuevos hogares, propuso el Procurador del Ciudadano, Edwin García Feliciano.
Para el Ombudsman, el asunto de la disponibilidad de vivienda para venta o renta, es uno de los más importantes y apremiantes con los que debería trabajar la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón.
Especialmente con miras a retener al talento joven, que se traslada a los Estados Unidos, en busca de una mejor calidad de vida.
“Es tan dramática la situación que, hay personas que han recibido una asignación de parte de FEMA para la adquisición de una vivienda, y se les ha hecho imposible adquirirla. El valor de este tipo de vivienda ha aumentado dramáticamente lo que desalienta aún más este proceso”, señaló.
Enfatizó García Feliciano que la construcción de vivienda siempre se multiplica en otros segmentos.
Entre estos, inversión en la renovación de la infraestructura existente, arbitrios de construcción para los municipios, apoyo al comercio local como ferreterías, hormigoneras y fábricas de bloques, puertas y ventanas. Todo esto produce empleos transitorios y permanentes, con su consecuente impacto positivo en la economía local.
En ese aspecto, le hace sentido al Procurador que los terrenos donde ubican las escuelas cerradas, puedan ser ofrecidos a los desarrolladores como incentivo para esos propósitos, a cambio de que el valor del terreno, pueda ser utilizado para otorgar subsidios a primeros compradores.
“Esto se podría lograr por dos vías principales. O vendiendo las propiedades y haciendo una separación de fondos bajo custodia, para utilizarla en subsidios, o legalizando acuerdos mediante los cuales el equivalente al valor de los terrenos, será descontado del precio de venta a primeros compradores”, explicó.
Subrayó García Feliciano que en todo Puerto Rico hay más de 760 escuelas cerradas. De estas, hay 500 que no tienen un uso definido a esta fecha, lo que ha llevado a convertirse en inmuebles en estado de abandono o deterioro negligente.
“Es decir, hay 500 planteles que nadie ha ofertado por ellos, para ningún proyecto en particular, o con algún tipo de viabilidad.
Aun cuando se desconoce el agregado de esos terrenos, nos parece que podrían atender un por ciento de la población que anhela tener ese primer hogar”, insistió.
Explicó García Feliciano que, si cada uno de esos planteles escolares tuviera un mínimo de media cuerda de terreno, estaríamos hablando de 250 cuerdas de terreno prácticamente perdidas, a pesar de que la isla tiene una necesidad vital de vivienda asequible.
“Podríamos estar hablando de viviendas tipo walk-up u otro tipo de construcción no tradicional, que no requiera grandes extensiones de terreno, y que sin muy atractivos en el mercado de parejas jóvenes”, señaló.
Puntualizó el Procurador que se supone que el gobierno estatal separe entre $5 a $10 millones para el mantenimiento de los planteles cerrados, cosa que no está ocurriendo.
Al dilapidarse este recurso público, comentó el funcionario, se está propiciando que se convierta en un estorbo, un adefesio para los vecindarios aledaños que pierden valor en sus propiedades, como un peligro para las comunidades donde están enclavadas, en cuestiones de salud y seguridad social.
“La idea del subsidio no es nada nuevo. Se hizo durante las administraciones de los exgobernadores Pedro Rossellò y Sila Calderón”, indicó el Procurador al sostener que más recientemente, se han concedido subsidios de hasta $55,000,
con dinero otorgado a Puerto Rico luego del huracán María.
Agregó el Ombudsman que los planteles escolares en desuso, pueden atender o mitigar la necesidad apremiante de nueva vivienda que hay en la Isla, y en terrenos que ya están disponibles.
