En un esfuerzo por visibilizar y atender una de las crisis sociales más urgentes y persistentes del país, la organización Taller Salud presentó hoy el informe “Alimentación y Dignidad: Un Análisis Comunitario de la Inseguridad Alimentaria en Puerto Rico”. Este análisis, basado en datos recopilados directamente en las comunidades de Loíza, Salinas y San Germán, revela que más de una tercera parte de la población adulta enfrenta inseguridad alimentaria, con impactos desproporcionados en las mujeres, personas mayores, niñez y comunidades empobrecidas.
El informe identifica una combinación peligrosa de factores que agudizan esta problemática: una alta dependencia de importaciones, precios elevados de alimentos frescos, poca disponibilidad de productos agroecológicos, falta de infraestructura agrícola, una creciente vulnerabilidad ante desastres naturales y fallos en el sistema eléctrico.
“La inseguridad alimentaria no es una estadística abstracta; es el rostro de una madre que deja de comer para alimentar a sus hijos, de un adulto mayor que depende de productos procesados porque es lo único accesible, o de una comunidad entera que no puede conservar alimentos por falta de energía eléctrica. Este informe es un llamado urgente a transformar nuestro sistema alimentario con políticas públicas valientes y acciones desde las comunidades”, expresó Tania Rosario Méndez, directora ejecutiva de Taller Salud.
Hallazgos clave del informe:
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63.2% de las personas encuestadas recibe el Programa de Asistencia Nutricional (PAN).
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Más de la mitad (50.6%) solo come solo dos veces al día, y un 14.9% hace una sola comida diaria.
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47% vive con dos o más condiciones crónicas (diabetes, hipertensión, asma).
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La mayoría de las personas afectadas se identifican como mujeres negras o afrodescendientes, en núcleos familiares pequeños.
Las barreras más comunes identificadas incluyen:
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Falta de transporte público y recursos económicos.
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Dependencia de supermercados fuera del municipio.
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Altos costos de alimentos frescos y baja disponibilidad local.
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Dietas pobres en nutrientes, con alto consumo de productos procesados.
La crisis climática también agrava la situación: interrupciones eléctricas frecuentes y prolongadas comprometen la conservación de alimentos, y los eventos atmosféricos impactan las cosechas locales.
Recomendaciones:
El informe propone medidas tanto para el gobierno como para el sector comunitario. Entre ellas:
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Implementar con urgencia la Encuesta de Seguridad Alimentaria según la Ley 26 de 2022.
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Proteger tierras agrícolas y desarrollar infraestructura local de distribución.
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Crear un plan de emergencia alimentaria con un enfoque de equidad.
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Fortalecer redes de comedores comunitarios y apoyar liderazgos femeninos.
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Promover la autogestión y la capacitación agroalimentaria en las comunidades.
“Este informe recoge las voces de quienes viven el hambre en carne propia. No hay transformación sin escuchar a quienes más lo necesitan. Desde Taller Salud apostamos a soluciones que nacen desde la equidad de género, la soberanía alimentaria y el fortalecimiento de nuestras comunidades. La alimentación digna no es un lujo. Es un derecho que hay que hacer valer con urgencia”, sostuvo Lourdes Inoa Monegro, directora asociada de Taller Salud.
El informe “Alimentación y Dignidad: Un Análisis Comunitario de la Inseguridad Alimentaria en Puerto Rico” es el resultado del esfuerzo conjunto de un equipo diverso de investigadoras y miembros del Comité de Seguridad Alimentaria de Loíza, con el respaldo de Hispanic Federation, Center for Disaster Philanthropy, Robert Wood Johnson Foundation, el Maria Fund y GlobalGiving Foundation.
El informe completo está disponible para descarga pública en el sitio web de Taller Salud: https://qrco.de/bgCkiX
