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Por: Liany S. Mercado Matute / Estudiante del RUM
En los últimos tres años, decenas de casas en Puerto Rico han sido declaradas estorbos públicos bajo un proceso cada vez más privatizado. Empresas contratadas por los municipios—Universal Properties Realty Government Service, City Renewal y el bufete Francis y Gueits—se encargan de gestionar la expropiación y eventual venta de estas propiedades.
Este fenómeno se ha acelerado desde la enmienda al Código Municipal en 2020, que autorizó la venta de propiedades declaradas estorbos públicos. Estas empresas privadas no solo determinan qué propiedades entran en esa categoría, sino que también manejan la tasación, la notarización de documentos y la transferencia de titularidad.
Pero ¿qué convierte a una propiedad en un estorbo público? Oficialmente, se consideran aquellas estructuras en estado de ruina, con defectos de construcción graves o que representen un peligro para la salud y seguridad pública. Sin embargo, el aumento exponencial de propiedades bajo esta designación sugiere que otros factores también están en juego.
Tasaciones bajas y falta de transparencia
El procedimiento de expropiación gestionado por estas compañías privadas sigue un patrón preocupante: tasaciones a la baja y altos costos administrativos. Esta combinación no solo facilita la privatización del proceso, sino que también reduce la compensación a los propietarios. En muchos casos, ciudadanos han sido desalojados de sus hogares sin previo aviso y sin la oportunidad de impugnar la decisión.
La falta de transparencia ha generado múltiples pleitos judiciales. Se ha documentado cómo algunas de estas propiedades, adquiridas a precios irrisorios, terminan en manos de inversionistas privados para convertirse en alquileres de corto plazo—particularmente en plataformas como Airbnb. Este modelo de negocio ha limitado el acceso a viviendas asequibles y ha contribuido al aumento del costo de vida en muchas comunidades.
El dilema municipal
La pregunta es inevitable: ¿están los municipios actuando en el mejor interés del pueblo al delegar este proceso a empresas privadas? Si bien es cierto que existen propiedades en estado de abandono que requieren intervención, la manera en que se está llevando a cabo este proceso genera dudas sobre quiénes realmente se benefician.
El acceso a la vivienda en Puerto Rico es un problema urgente. Privatizar la expropiación de propiedades no debería ser una estrategia que termine desplazando a ciudadanos o convirtiendo comunidades en zonas exclusivas para el turismo.
La conversación sobre este tema debe continuar. ¿Estamos protegiendo el bienestar de nuestras comunidades o facilitando un monopolio que favorece al sector privado?