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Una vez más se desata la ola de casos de corrupción en Puerto Rico, y nuevamente se trata de oficiales electos del PNP. Aclaro de antemano que la escoria de la corrupción no es exclusiva al Partido Nuevo Progresista (PNP), ya que en ocasiones anteriores se han dado casos similares con oficiales del Partido Popular Democrático (PPD), pero como el partido de gobierno por los últimos dos cuatrienios, el PNP parece no poder despegarse de ese mal.
En el espacio de apenas dos semanas vimos a los alcaldes de Cataño, Félix “Cano” Delgado, y de Guaynabo, Ángel Pérez, renunciar a sus puestos por aceptar sobornos de efectivo y/o joyería de lujo a cambio de otorgar contratos por servicios municipales. En el caso de Ángel Perez, este último fue grabado según tomaba un soborno en efectivo a solo cuadras de la casa alcaldía, de manera in flagrante. Claro está que ningún líder del gobierno ha salido en defensa de estos dos individuos ni lo hará, pero tampoco debemos esperar que nuestro liderato actual haga una reflexión profunda del por qué detrás de tantos repetidos casos de corrupción en ambos partidos.
Como señaló Aracelis Otero en su columna la semana pasada, los actos de corrupción tienen un efecto corrosivo tanto en la capacidad del gobierno de proveer servicios como el la confianza del pueblo en nuestros servidores públicos, y que es un problema social que no se resuelve con meramente pasar leyes de anticorrupción. Es, como Aracelis indica, un problema colectivo que depende de todos los sectores para resolver.
Para movernos en dirección hacia y atacar el tema de la corrupción pública de forma colectiva debemos primero reconocer que la corrupción no solo se trata de actos individuales o incluso de pobre liderazgo (aunque definitivamente son las causas próximas), sino que son una consecuencia de factores sociales más amplios, y particularmente el deterioro de varias instituciones sociales que ayudan a promover la transparencia y los principios de ética gubernamental. Uno de los factores principales es el colapso del modelo económico bajo el estado libre asociado, cuya realidad ya es tangible para todos los puertorriqueños, y confirmada con las políticas de austeridad de la JCF. Ante la escasez de oportunidades económicas dentro del sector privado, el sector público ha ido llenando el espacio de ser una fuente económica tanto para los que aspiran a puestos políticos como los contratistas privados que buscan acceso a un negocio más seguro. El resultado de esto es que el sector público crea incentivos perversos para el lucro, en vez de darle prioridad al servicio al ciudadano. Eso se ve tanto en los “traqueteos” en la otorgación de contratos para servicios profesionales, como en los sobornos más descarados que se vieron en Cataño y Guaynabo, como en la creación de paraísos fiscales para inversionistas extranjeros.
A esto se le agrega los poderes limitados del estado libre asociado en re imaginar el modelo económico de Puerto Rico para ser autosustentable como nación. Entre las restricciones que impone el Estado Libre Asociado (ELA) con las leyes de cabotaje, la utilización de dólares estadounidenses, y ahora el poder pleno de la Junta de Control Fiscal (JCF) sobre las acciones del gobierno, los partidos coloniales se han quedado incapaces de articular otras estrategias innovadores para reactivar la economía local de manera comprensiva. Esto incentiva políticas más parroquiales que sirven los intereses de los que tienen acceso e influencia directa a los oficiales electos.
Un tercer factor crítico es la creciente erosión de confianza en los partidos tradicionales en Puerto Rico. Esto se debe en gran medida a la frustración de muchos, particularmente en las generaciones más jóvenes y aquellas personas viviendo la diáspora que han optado votar con las maletas. Aunque en lo positivo esto ha creado momentum para nuevas opciones electorales fuera del PNP y PPD en las dos pasadas elecciones generales, en la medida que seguimos en una posible transición electoral, los partidos tradicionales operan con menos fiscalización de los electores, a medida que no hay un consenso electoral ahora mismo. En fin, esta constelación de factores apunta a la decadencia del modelo colonial, el cual abre la puerta para la corrupción política.
Una estrategia colectiva para hacerle frente a la corrupción requiere una ciudadanía educada y motivada para abogar cambio. Tanto los medios de comunicación, y en particular el periodismo investigativo y local, como grupos comunitarios y grupos de la diáspora, juegan un papel importante en esa función. También según electores migran a nuevas opciones electorales estos nuevos partidos no solo deben presentarse como opción nueva, sino también articular políticas comprensivas que atacan los factores estructurales. Aunque el trecho es largo, los elementos para darle freno a la decadencia de la política colonial están en lugar.