“Cualquier proceso de modernización del sistema judicial debe atender de forma conjunta las necesidades y preocupaciones de los empleados judiciales ya que son ellos el motor que mueve el sistema”. Con esta frase, el presidente de la Asociación de Empleados Judiciales (AEJ), Amircal Gerena Román resumió su ponencia presentada ante la Comisión de lo Jurídico en el Senado de Puerto Rico. Su comparecencia fue parte del proceso de vistas públicas que realiza la comisión la cual evalúa el Proyecto del Senado 1096 que busca revisar y actualizar la Ley de la Judicatura de 2003.
“Para que cualquier legislación vinculada a la judicatura sea exitosa es necesario atender los reclamos y necesidades de los empleados judiciales. Son ellos quienes permiten el funcionamiento continuo de las labores de los tribunales del país. Sin embargo, a pesar de esto, los empleados llevan años laborando y ejerciendo sus funciones sin la remuneración justa, sin los recursos necesarios y en ocasiones, en espacios en pésimas condiciones”, denunció Gerena Román. “Para lograr una verdadera transformación del sistema judicial es imperante proveer a los empleados un trato digno y justo”.
Entre las recomendaciones realizadas en aras de apoyar el proyecto se encuentran reforzar los principios de méritos y antigüedad, establecer procedimientos más ágiles y transparentes para atender querellas y reclamaciones laborales. Además, solicitaron que el Poder Judicial tal como reconoce la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura debe reconocer el derecho de los empleados judiciales a organizarse en asociaciones profesionales para fines de representación y desarrollo laboral sin que ello interfiera con las funciones adjudicativas de los tribunales como tampoco con la independencia constitucional del Poder Judicial.
Otra recomendación esbozada durante la participación del presidente Gerena Román fue que se reconozca a los empleados del Poder Judicial como servidores públicos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico lo que a su juicio: “permitiría que se beneficien de legislaciones aprobadas que proteja los derechos y beneficios laborales de los empleados gubernamentales siempre que sean compatibles con la rama judicial. También solicitaron que los alguaciles del sistema sean reconocidos formalmente como funcionarios de alto riesgo debido a las funciones que desempeñan que incluyen la ejecución de órdenes judiciales, la custodia de personas bajo autoridad judicial y la seguridad de las instalaciones de los tribunales.
De igual forma, propusieron que profesionales que laboran dentro del sistema judicial, tales como enfermeros y trabajadores sociales regulados por sus respectivos colegios profesionales, reciban un trato equitativo en cuanto a beneficios salariales y marginales en comparación con profesionales de igual clasificación que trabajan en otras dependencias gubernamentales. La Asociación ve con buenos ojos la creación del patronato judicial siempre y cuando de igual forma se incluyan como parte de sus objetivos realizar las funciones y los derechos de los empleados. “Esto serviría para atender los retos relacionados con la infraestructura de los tribunales las cuales enfrentan problemas de mantenimiento y deterioro. Estos espacios inciden negativamente tanto en los empleados como en los servicios que se brindan a la ciudadanía. Contar con espacios en óptimas condiciones garantiza un entorno de trabajo adecuado mientras permite un servicio más eficiente”, sostuvo Gerena Román.
«Hago un llamado a los legisladores para que consideren cada una de las recomendaciones presentadas ya que las mismas representan el sentir de los empleados judiciales. Las solicitudes son parte de los reclamos que durante años levantamos desde la asociación para garantizar un trato justo y digno. Hacer caso omiso a las mismas representará un retroceso a la nueva legislación que se pretende aprobar”, adelantó el presidente de la AEJ quien se mostró esperanzado en que las recomendaciones se incluirían como enmiendas en el proyecto bajo evaluación.
