La Cámara de Representantes recibió ayer durante la Sesión Ordinaria, el primer informe parcial de la Resolución de la Cámara 97, que presenta recomendaciones para agilizar el proceso de reciclaje de gomas en Puerto Rico, de modo que baje la acumulación y puedan ser utilizadas para mejorar la calidad de las carreteras.
Esta pieza legislativa- de la autoría del líder cameral. Carlos “Johnny” Méndez Núñez y el representante José “Cheito” Hernández Concepción- determina investigar sobre los asuntos de diseño, programación, construcción y diseño de los los sistemas viales de transportación colectiva ya se tierra, aire o mar, entre otros temas relacionados.
Precisamente, la Comisión de Transportación e Infraestructura, que preside, Hernández Concepción realizó una visita oficial a las instalaciones de la empresa Once and For All Tires, localizada en el municipio de Yabucoa, para examinar el proceso de pulverización de neumáticos y sus aportaciones al manejo de desperdicios sólidos en la Isla.
Durante los trabajos auscultaron los beneficios de la utilización de gomas recicladas en la producción de asfalto, lo que “representa una solución innovadora para enfrentar la acumulación masiva de neumáticos desechados, un problema ambiental y de salud pública que afecta a la isla”, según los ejecutivos de la empresa quienes recalcaron que estos desechos se acumulan en cuerpos de agua, vertederos clandestinos y talleres.
Esto ya que según cifras del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en el 2023 se destinaron 6,358,791 libras de neumáticos se destinaron para reciclaje, lo que representa apenas el 6.4 por ciento. En contraste fueron exportadas 93,528,203 libras o un 93.6 por ciento.
Asimismo, plantearon que “reciclarlos y utilizarlos en mezclas asfálticas permitiría reducir significativamente su volumen y mejorar su manejo. Además, el asfalto modificado con residuos de neumáticos presenta ventajas técnicas ya que es más duradero y resistente al desgaste, a las grietas y a las deformaciones causadas por el clima tropical”.
El documento presentó como recomendación un ajuste a la tarifa por pulverización de neumáticos desechados de 3 centavos, que llevaría de 9.5 centavos por libra que el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) a 12.5 centavos.
“Este ajuste reconoce la inversión significativa en personal especializado, maquinaria, tecnología y procesos industriales que realizan las empresas que reciclan localmente el neumático y lo convierten en producto final manufacturado en Puerto Rico”, especifica el documento.
A su vez, se sugiere realizar una diferenciación en tarifas entre empresas recicladoras y exportadoras, promoviendo así la economía circular y el desarrollo local. Igualmente, propone una enmienda en el método de pago a las empresas recicladoras, de modo que se les pague cuando presenten una boleta oficial con el sello del DRNA, como constancia del procesamiento del material.
Estas recomendaciones se unen a la aprobación de la Ley 103-2025, de la autoría del presidente cameral Méndez Núñez, que regula la industria del neumático en la isla.
De otro lado, se le dio paso a la Resolución Concurrente de la Cámara 24, del líder cameral Méndez Núñez y el represente Gabriel Rodríguez Aguiló para crear la Comisión Conjunta de la Asamblea Legislativa para la Revisión del Sistema Electoral de Puerto Rico, que trabajará legislación o reglamentación que “propenda a la realización de un proceso electoral justo, ordenado e íntegro”. La pieza legislativa recibió el voto unánime de todas las delegaciones.
A la par fue considerado el Proyecto de la Cámara 190, de los representes Denis Márquez Lebrón, Adriana Gutiérrez Colón y Nelie Lebrón Robles, que busca enmendar la ley que establece los requisitos de disponibilidad para la concesión del examen de equivalencia de escuela superior, con el fin de incrementar las posibilidades de obtención del diploma de cuarto año a las poblaciones más vulnerables. Estas disposiciones incluyen que se ofrezca este examen por lo menos dos veces por semestre, así como anunciarlo con al menos un mes dos meses de anticipación.
El Cuerpo avaló, además, el Proyecto del Senado 331, para enmendar la “Ley de Registro Demográfico de Puerto Rico” con el propósito de establecer el carácter confidencial de todos los certificados registrados por esta entidad gubernamental; redefinir el concepto de “parte interesada” y aclarar en qué casos podrán los tribunales ordenar la entrega de los certificados expedidos por esta agencia.
A renglón seguido, fue ratificada la Resolución Conjunta de la Cámara 43 del representante Edgardo Feliciano Sánchez, que ordena al Departamento de Vivienda a adquirir por el precio nominal de $1 por parte de la Autoridad de Tierras, los terrenos que enclavan las viviendas de los residentes de la Calle Esperanza en el Sector las Acerolas, Barrio Almirante Norte en Vega Baja para segregarlos y ceder el título de propiedad a estos vecinos.
Igualmente fue apoyada la Resolución Conjunta de la Cámara 61, también del representante Feliciano Sánchez, que instruye a la Autoridad de Tierras y a la Junta de Planificación a liberar la finca 12,040 ubicado en el barrio Pasto de Morovis en favor del matrimonio de Maximiliano Acevedo Colón y Cecilia Santos Acevedo.
De la representante Wanda Del Valle Correa se aprobaron tres medidas, la Resolución de la Cámara 17, para investigar sobre la situación del manejo de desperdicios sólidos en los municipios de Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto, su impacto en las arcas municipales y auscultar posibles alternativas para atender esta situación. La segunda medida fue la Resolución de la Cámara 20 para realizar una pesquisa sobre el impacto de la deserción escolar, sus causas y posibles acciones correctivas en las escuelas públicas de los municipios de Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto del Distrito Representativo 38. Mientras que la tercera fue a Resolución de la Cámara 23 para ordenar a las comisiones de la Región Norte y de la Región Este a iniciar un estudio en torno sobre los planes de contingencia y refugios a utilizarse en caso de una emergencia en los municipios de Canóvanas, Carolina y Trujillo Alto, que son parte del Distrito Representativo 38.
Se consideró igualmente, la Resolución de la Cámara 207, del representante Ángel Fourquet Cordero, para evaluar el funcionamiento de la Oficina Estatal de Control Animal (OECA) en torno al tema de la sobrepoblación de animales realengos, así como el grado de coordinación y apoyo brindado a los municipios y entidades sin fines de lucro.
Otra de las piezas legislativas respaldadas fue la Resolución de la Cámara 218, del representante Emilio Carlo Acosta, para iniciar una pesquisa sobre el estado de las facilidades deportivas en los municipios de Cabo Rojo, San Germán y Hormigueros e identificar la necesidad de mejoras para garantizar que esté en óptimas condiciones.
Con beneplácito también recibieron del representante Wilson Román López dos piezas, entiéndase la Resolución de la Cámara 221que investigará el estado actual de la infraestructura vial, así como el progreso de los trabajos en las carreteras estatales que discurren en los municipios de Aguadilla, y Moca, los cuales forman parte del Distrito Representativo 17; y la Resolución de la Cámara 226, para examinar las condiciones de infraestructura y la falta de equipo en los cuarteles del Negociado de la Policía en el Distrito Representativo 17.
A la lista de consideraciones, se incluyó la Resolución de la Cámara 249, del representante Edgar Robles Rivera, que busca explorar las condiciones del sistema de iluminación pública en el Distrito Representativo 14 que incluye los municipios de Arecibo y Hatillo.
De igual manera, ocurrió con la Resolución de la Cámara 265, de la representante Tatiana Pérez Ramírez, para investigar el estado físico y administrativo de la escuela elemental Pepita Arenas del municipio de Caguas, así como los mecanismos de coordinación interagencial, a fin de identificar oportunidades que garanticen condiciones óptimas para la enseñanza.
En el caso de la Resolución de la Cámara 282, del representante Jerry Nieves Rosario, fue refrendada y esta ordena a la Comisión de Transportación e Infraestructura investigar las gestiones realizadas por el Departamento de Transportación y Obras Públicas para atender el problema de deslizamiento de terrenos en la carretera PR 667 del barrio Cortés del Municipio de Manatí.
Entre las medidas aprobadas está la Resolución de la Cámara 283, del representante Pedro “Pellé” Santiago Guzmán, que instruye a la Comisión de la Región Metro y la Comisión de la Región Norte a examinar las gestiones realizadas por parte de las agencias públicas, municipios y corporaciones públicas para enfrentar la temporada de huracanes en la extensión territorial que abarca el Distrito Representativo 10.
A renglón seguido fue respaldada la Resolución de la Cámara 284, de la representante Omayra Martínez Vázquez, para explorar el estado estructural de los puentes ubicado en la PR-2 en dirección de Yauco a Sabana Grande, así como en la PR-121 situado en el municipio de Sabana Grande.
Por otro lado, se dio paso a la Resolución de la Cámara 330, de la representante Swanny Vargas Laureano, con el fin de realizar una pesquisa sobre el estado actual de los programas del Departamento de Salud dirigidos a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades de transmisión sexual incluyendo el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH/SIDA), así como hepatitis B y C, así como el impacto de los recortes en fondos federales sobre estos servicios.
La Resolución de la Cámara 334, de la representante Odalys González González, recibió el visto bueno para así conocer el estado de situación de los planes de contingencia y refugios a utilizarse durante una emergencia en el Distrito Representativo 18 que incluye los municipios de Aguada, Rincón, Añasco y Moca.
La Resolución de la Cámara 306, de la representante Adriana Gutiérrez Colón, fue avalada para ordenar a la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes realizar una investigación exhaustiva sobre la implementación de la Carta de Derechos del Ciclista contenida en el Artículo 11.4 de la Ley Núm. 22-2000, según enmendada, “Ley de Vehículos y Tránsito de Puerto Rico”, específicamente en aquello relacionado a la campaña educativa requerida en el mencionado Artículo; y para otros fines relacionados.
De otra parte, se dio por recibido el primer informe parcial en torno a la Resolución de la Cámara 72, del representante Hérnandez Concepción, que lleva a cabo un estudio técnico y económico sobre la viabilidad de implementar un tope anual en las multas en las multas impuestas por el sistema AutoExpreso.
Entre las recomendaciones está que la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), siga el análisis técnico de la propuesta considerando criterios de proporcionalidad, transparencia y sostenibilidad y que se explore la posibilidad de reducir el costo actual que se impone por parte de AutoExpreso.
A su vez, fue acogido el primer informe parcial sobre la Resolución de la Cámara 112, del representante José Aponte Hernández, que busca evaluar la implementación y operación de cualquier aplicación digital o plataforma utilizada para el alquiler o venta de automóviles haya solicitado autorización para operar en Puerto Rico al Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos.
En el informe se sugirió desarrollar un marco regulatorio específico para plataformas digitales de alquiler de autos que requisitos claros de licencias, seguros, impuestos y responsabilidades para proteger a los usuarios y garantizar la competencia justa en la industria.
Además, fue propuesto establecer parámetros obligatorios en materia de seguros, disponiendo que los vehículos alquilados mediante plataformas digitales de alquiler de vehículos cuenten con pólizas comerciales adecuadas, que cubran accidentes y daños a terceros, evitando vacíos de cobertura.
Una tercera recomendación fue en dirección de coordinar con agencias reguladoras como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP), para asegurar la fiscalización efectiva de estos servicios digitales, incluyendo inspecciones y sanciones en casos de incumplimiento.
De otro lado, la Resolución Conjunta del Senado 38, para denominar el puente ubicado en la carretera estatal PR-856 en el barrio Barrazas de Carolina con el nombre de “Don Jaime Fernández Morales (QEPD), fue devuelta a la Comisión de Transportación e Infraestructura, mientras que la Resolución Conjunta del Senado 41 fue aprobada.
La Cámara de Representantes recesó sus trabajos legislativos de la sesión ordinaria hasta el próximo lunes, 25 de agosto de 2025 a las 1:00 p.m.
