Con el objetivo de que continúen las ayudas a los beneficiarios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) durante el año fiscal 2023, el gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi, solicitó a la presidenta del Comité de Asignaciones de la Cámara Representantes federal, Rosa DeLauro, y al liderato del mismo, la asignación de $1,000 millones a esos fines. También, requirió que el Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) publique un plan de acción abarcador que incluya a Puerto Rico en una transición completa del PAN al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés).
“Estamos solicitando la asignación de $1,000 millones en fondos a Puerto Rico durante el año fiscal 2023 a través del USDA incluyendo Desarrollo Rural, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y otras agencias relacionadas porque la Ley de Reconciliación Presupuestaria Consolidada de 1981 excluyó a Puerto Rico del SNAP y desde entonces, y por más de 40 años, hemos recibido un trato desigual en comparación con los ciudadanos americanos de los 50 estados”, dijo Pierluisi en una carta dirigida a la congresista.
El gobernador también insistió en que para la implementación y administración exitosa de estos beneficios, es sumamente necesario modernizar la programación y digitalización de los registros. De igual forma, Pierluisi, requirió más fondos para mejorar y ampliar los servicios en línea de la Administración de Desarrollo Socioeconómico (ADSEF) del Departamento de la Familia (DF) dirigidos a familias de escasos recursos, así como la digitalización de documentos relacionados a beneficiarios del PAN y del Programa de Ayuda Temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). De esta forma, Pierluisi aseguró que se evitará el fraude.
“Estamos exigiendo trato igual en ayuda nutricional para beneficiar a más del 40 por ciento de los residentes de la Isla y el 50 por ciento de los menores de edad que lamentablemente viven en condiciones de pobreza. Esto es un asunto de vital importancia porque ningún ciudadano americano debe sufrir de hambre”, añadió el gobernador, quien resaltó que para que la recuperación de Puerto Rico sea completa se necesita una inversión sustancial e integral que aborde de raíz los problemas que diariamente enfrenta la Isla.
Precisamente sobre este tema, Pierluisi firmó hace unos días una Orden Ejecutiva para establecer un grupo de trabajo multisectorial que presentará estrategias de política pública ante el Congreso y la Rama Ejecutiva federal en coordinación con el primer mandatario y la comisionada residente, Jenniffer González Colón.
Desde el comienzo de la pandemia del COVID-19 en Puerto Rico, en la Isla se ha visto un incremento de 19 por ciento en beneficiarios de estas ayudas particularmente en niños, personas de la tercera edad y personas discapacitadas.
A diferencia del SNAP, que se financia mediante una estructura conocida como “derecho a subsidio”, que permite que el programa sirva a todas las personas elegibles que presenten una solicitud, el PAN se administra de subvenciones en bloque. Actualmente, bajo la estructura del PAN, Puerto Rico recibe entre un 25 y 30 por ciento menos de fondos que bajo SNAP.
El gobernador regresó hoy de la capital federal luego de haberse reunido con varios secretarios del gabinete del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, incluyendo al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, con quien discutió y evaluó la estrategia de seguridad de la Frontera del Caribe y el tráfico ilegal de armas de fuego ilegales en la zona caribeña. También, con el administrador de la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés), Michael S. Reagan y la secretaria de Energía, Jennifer Granholm, entre otros funcionarios federales, con quienes también conversaron sobre la necesidad de mano de obra en la Isla, además de la calidad del aire y el cumplimiento con regulaciones federales, así como sobre la resiliencia de la red eléctrica.
Esta tarde Pierluisi sostendrá una reunión con varios miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara Federal que estarán en la Isla para realizar una audiencia relacionada al proyecto congresional de estatus.
