El pasado 18 de agosto de 2024 el gobernador aplicó su veto de bolsillo al P del S 1396, un proyecto que beneficiaría grandemente a organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico. Este proyecto tenía el objetivo de enmendar la Ley 26-2017, conocida como la «Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal», para permitir la venta directa a precio ajustado o la donación de propiedades que el gobierno tiene en desuso a organizaciones sin fines de lucro con fines comunitarios.
El proyecto de ley fue aprobado por ambos cuerpos legislativos y recibió el apoyo de sobre una veintena de organizaciones con historial de servicio a las comunidades más necesitadas como Hogares Crea, Centros Sol Isolina Ferré, Iniciativa Comunitaria, Centro para P.R., VOCES PR, Península de Cantera y Techos Pa’ Mi Gente.
Los portavoces de las organizaciones indicaron sentir una profunda decepción considerando las aportaciones de capital social que realizan y que éstas le facilitan la provisión de servicios a la ciudadanía que al gobierno le costaría más y que en muchas ocasiones, está imposibilitado de ofrecer. Indicaron además que el P del S 1396, de haberse convertido en ley, le otorgaba herramientas reales a las organizaciones sin fines de lucro para continuar ofreciendo servicios y expandiéndolos también.
Al permitir que las organizaciones sin fines de lucro fueran dueñas de propiedades que actualmente el gobierno tiene en desuso se resolvían varios problemas. Le permite a las organizaciones sin fines de lucro planificarse a largo plazo, restaurando facilidades para el servicio a la comunidad. Permitía la inversión en mejoras capitales en estas facilidades, lo que a su vez son ingresos para el gobierno. Además, le permitía al gobierno salir de un inventario de propiedades en desuso y abandonadas, que a su vez, contribuyen al deterioro urbano y a la creación de zonas de peligro.
Las organizaciones que apoyaron el P del S 1396 redoblarán esfuerzos para que la próxima legislatura apruebe el proyecto nuevamente. Por esta razón urgieron a todos los candidatos a la gobernación a avalar y apadrinar el proyecto de ley, y a instruir a sus delegaciones legislativas a apoyarlo cuando sea presentado en el 2025.
Las organizaciones sin fines de lucro en Puerto Rico han demostrado ser actores clave en la atención a las necesidades de las comunidades, desde la salud hasta la educación y los servicios sociales. Un reciente estudio de Estudios Técnicos, Inc. documenta el crecimiento y la importancia de estas organizaciones, destacando su papel crucial en el desarrollo económico y la provisión de servicios sociales.
