El gobernador de Puerto Rico, Pedro R. Pierluisi firmó el Proyecto de la Cámara 513 para aumentar el salario base de los maestros del sistema público de enseñanza a $2,750 mensuales, cumpliendo así con otro de sus compromisos con la clase magisterial.
“Reconozco el empeño y el compromiso que tienen las maestras y maestros de la Isla, y que su labor es fundamental para el desarrollo de nuestras niñas, niños y jóvenes. Por eso, he firmado esta medida que establece el salario base en $2,750 que es consistente con el aumento que ya anuncié recientemente, pues es un paso en la dirección correcta. Como gobierno seguiremos trabajando para continuar haciéndoles justicia”, reiteró el primer ejecutivo.
La Ley Especial de Salario Base para los Maestros y Maestras del Sistema de Educación Pública no menoscabará los derechos adquiridos incluyendo los tipos intermedios, aumentos y ajustes salariales otorgados con anterioridad a la aprobación de este estatuto, que haya sido obtenido por negociación colectiva, la reglamentación interna de la agencia o mediante legislación.
Según dispuesto en la ley, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), el Departamento de Educación (DE) y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) anualmente deberán identificar, separar, garantizar y certificar los fondos necesarios para cumplir con esta ley.
El pasado 8 de marzo el gobernador convirtió en la Ley 9 de 2022 el Proyecto del Senado 573 que devuelve derechos salariales a los maestros del sistema de educación pública que obtengan una maestría o un doctorado. Dicha pieza legislativa ordena al DE y OGP identificar $4,367,736 provenientes del Fondo General para cubrir en o antes de que culmine el presente año fiscal los pagos adeudados correspondientes al periodo que precede al año fiscal 2014-2015 conforme a la Ley de Carrera Magisterial de 1999.
Aparte de esto, otra de las gestiones de Pierluisi es que a partir de julio de este año los maestros tendrán un aumento salarial de $1,000 con dinero del Fondo de Ayuda de Emergencia para Escuelas Primarias y Secundarias (ESSER, por sus siglas en inglés).
Por otra parte, el gobernador emitió un veto expreso al Proyecto de la Cámara 752 que pretendía establecer, entre otras cosas, garantías para el manejo y entrega de las estadísticas vitales entre el Departamento de Salud (DS) y el Instituto de Estadísticas porque no es consistente con la Ley 53 de 2021 que es la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico.
“Las enmiendas introducidas por dicha ley requieren que la Asamblea Legislativa solicite a la OGP una certificación que acredite la disponibilidad de fondos y en caso de que dicha agencia no la suministre en el término dispuesto, entonces la Comisión deberá consignar en su informe que la entidad no suministró la certificación oficial de disponibilidad de fondos en el tiempo dispuesto por ley, incumpliendo con el deber ministerial en la legislación vigente. En este proyecto, ese análisis no surge de los informes de Cámara o Senado”, argumentó el gobernador en una carta dirigida a los presidentes legislativos.
También, durante el proceso legislativo del proyecto cameral, no se contemplaron enmiendas sugeridas por el DS incluyendo el garantizar la continuidad de los procesos de validación-corrección y verificación por el que pasan los datos crudos obtenidos por el Registro Demográfico y proteger los datos personales de cada inscrito.
