El Frente en Defensa de las Pensiones reclamó hoy a la gobernadora Jennifer González Colón que autorice a las agencias fiscales del gobierno a comparecer en el proceso de vistas públicas sobre el Proyecto de la Cámara 45, medida dirigida a proteger el poder adquisitivo de las pensiones de los empleados públicos jubilados.
La solicitud surge ante la necesidad de que la Comisión de los Sistemas de Retiro de la Cámara de Representantes, presidida por la representante Lourdes Ramos Rivera, pueda recibir el insumo técnico de las principales agencias fiscales del gobierno sobre el impacto de esta propuesta legislativa. Las agencias en cuestión son: la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF), el Departamento de Hacienda, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) y la Administración de los Sistemas de Retiro.
Las organizaciones que integran el Frente indicaron que, aunque el proyecto identifica posibles fuentes de financiamiento, la Comisión legislativa ha solicitado por cerca de un año la comparecencia de estas agencias para evaluar con mayor profundidad el impacto fiscal de la medida. En ese sentido, el Frente exhortó a la Gobernadora, en su carácter de jefa del Ejecutivo, a impartir instrucciones para que estas agencias participen en el proceso legislativo y presenten su evaluación sobre la propuesta que busca establecer mecanismos para compensar la pérdida del poder adquisitivo de las pensiones que han sufrido los jubilados del gobierno durante casi dos décadas.
“La Gobernadora tiene en sus manos el poder de solucionar este proceso a favor de miles de jubilados. Lo que solicitamos es que brinde instrucciones específicas a las agencias fiscales para que comparezcan ante la Comisión y se expresen en las vistas públicas lo antes posible. El PC 45 es viable y el país tiene derecho a saberlo; y si requiere ajustes, también. Lo que no puede seguir ocurriendo es que se retrase la discusión mientras miles de jubilados continúan perdiendo el poder adquisitivo de sus pensiones”, señalaron los portavoces del Frente.
El Frente informó que ya remitió una comunicación formal a la Gobernadora solicitando que se autorice la comparecencia de estas agencias, de manera que el proceso legislativo pueda continuar con la información fiscal necesaria.
El PC 45, radicado nuevamente el 2 de enero de 2025, contempla que durante el primer año los jubilados reciban un aumento general que oscilaría entre 7 % y 10 % y que, a partir del segundo año, se establezcan ajustes anuales automáticos vinculados a la inflación, similares a los aumentos otorgados a los beneficiarios del Seguro Social federal bajo el mecanismo conocido como COLA (Cost of Living Adjustment).
Las organizaciones que integran el Frente destacaron que el reclamo responde a una situación económica cada vez más difícil para la población pensionada. Actualmente, alrededor de 160 mil jubilados del gobierno de Puerto Rico dependen de pensiones que resultan insuficientes para cubrir el aumento en los costos de servicios esenciales como salud, medicamentos, energía eléctrica, agua, alimentación y vivienda, entre otros.
“El Gobierno no puede continuar ignorando la pérdida del poder adquisitivo que han sufrido las pensiones durante casi dos décadas. Garantizar ajustes por inflación es una medida de justicia social y una responsabilidad pública con quienes dedicaron su vida al servicio del país”, indicaron las organizaciones.
Los miembros del Frente también recordaron a la Gobernadora y a los cuerpos legislativos los compromisos asumidos durante el proceso electoral para atender la situación económica de los pensionados y adultos mayores.
“Hoy, el Gobierno y la Asamblea Legislativa tienen la oportunidad de convertir sus promesas en acción concreta. El PC 45 ofrece una ruta viable para proteger el retiro digno de miles de jubilados”, aseguraron. Reiteraron, además, que la protección del poder adquisitivo de las pensiones no puede seguir postergándose y urgieron a que se encamine sin más demora el trámite legislativo del PC 45, como una medida de justicia social y responsabilidad pública con la población jubilada.
Finalmente, manifestaron que “el reclamo de los pensionados es claro: queremos un retiro digno que nos permita vivir con estabilidad financiera, sin depender de ayudas ni convertirnos en una carga para nuestras familias y el Gobierno”.
